La semana nos ha dejado dos imágenes que obligan a pensar. En Madrid, el caso de Mari Carmen, una mujer de 87 años desahuciada de su vivienda, ha provocado una enorme repercusión mediática y política. Y en Granadilla de Abona, en Tenerife, otro desahucio fue paralizado cuando afectaba a una mujer con cáncer en estado terminal. Dos historias distintas, dos circunstancias diferentes, pero un mismo drama de fondo: la vivienda convertida demasiadas veces en el lugar donde chocan la ley, el dinero y la condición humana.
Podemos hablar de legislación, de fondos, de grandes tenedores, de pequeños propietarios, de sindicatos, de partidos y de administraciones. Podemos repartir culpas entre unos y otros y recordar todo lo que durante décadas no se ha hecho bien. Pero tampoco descubriremos América ni nos darán un Pulitzer por hacerlo. Todo eso ya lo sabemos. Lo verdaderamente incómodo es asumir que existe una parte del problema que ninguna reforma legislativa puede resolver por sí sola: cómo somos los seres humanos.
Porque muchas veces detrás de determinadas decisiones no hay una subida del IPC, una necesidad familiar o una obligación económica. Hay simplemente ganas de cobrar más porque se puede. Una plaza de garaje que pasa de 65 a 110 euros después de que el propietario vea que su inquilina cambia a un coche mejor —caso real, ocurrido en Tenerife—. Un alquiler que sube de golpe más de 200 euros a una persona que lleva años pagando puntualmente y que termina obligada a volver a casa de sus padres —caso real, también ocurrido en Tenerife—. Son dos situaciones que hemos conocido en primera persona, muy cerca de esta casa. No tenemos necesidad de convertirlas en una estadística para intuir que comportamientos semejantes se producen cada día en cualquier punto de España y seguramente en cualquier rincón del planeta. Cambian los nombres, las ciudades, las monedas y las cantidades, pero determinadas debilidades humanas no conocen fronteras. Eso no siempre es mercado. A veces es codicia, avaricia y también envidia.
Quizá por eso viene bien recordar Jerry Maguire. En aquella película, su protagonista trabaja en un mundo donde facturar, representar, cerrar contratos y hacer dinero forma parte natural del oficio. Y nada de eso constituye el problema. El conflicto aparece cuando empieza a preguntarse si las personas pueden reducirse simplemente a números, contratos, comisiones y resultados. Escribe entonces aquel famoso manifiesto defendiendo otra manera de hacer las cosas y buena parte del mundo que lo rodea se vuelve contra él. Pierde clientes, posición y está a punto de quedarse prácticamente sin nada porque cuestiona una lógica donde las relaciones humanas habían terminado acercándose demasiado al usar, rentabilizar y sustituir.
Y no. Este editorial no pretende convertir Jerry Maguire en un tratado económico ni hacer una oda a la ingenuidad. Hay que trabajar, producir, facturar, pagar las cosas, cumplir los contratos y ganar dinero. Quien asume riesgos tiene derecho a obtener una rentabilidad. Las empresas necesitan beneficios para sobrevivir, las familias necesitan ingresos para vivir y una sociedad debe reconocer el esfuerzo, el talento, la capacidad de trabajo, el sacrificio y la responsabilidad. La meritocracia importa. Quien trabaja, se forma, arriesga y se sacrifica debe tener la posibilidad de progresar. Solidaridad no puede significar regalar por regalar ni transformar cualquier responsabilidad individual en una obligación automática para los demás.
Vivimos, además, en una economía de mercado. Negarlo sería absurdo. El mercado, la propiedad, la inversión y el beneficio forman parte de nuestra realidad económica. Pero aceptar esas reglas no significa asumir que absolutamente todo lo que produzca un euro más sea necesariamente correcto. Entre una sociedad donde nadie responde de sus decisiones y otra convertida en una gigantesca cuenta de resultados existe un espacio enorme. Y en ese espacio viven palabras que quizá deberíamos recuperar: dignidad, proporcionalidad, empatía, responsabilidad, esfuerzo y decencia.
Por supuesto que los propietarios tienen derechos. Y también los inquilinos. Hay pequeños ahorradores que dependen de una renta y existen inquilinos que incumplen, dañan viviendas o dejan de pagar pudiendo hacerlo. La demagogia funciona en las dos direcciones. Precisamente por eso conviene recordar que detrás de cada contrato hay personas y que no todo lo que legalmente se puede hacer necesariamente debe hacerse. Defender el derecho a una vivienda digna tampoco significa negar el derecho de quien ha trabajado, ahorrado e invertido a disponer de su propiedad y obtener un rendimiento razonable de ella. Una sociedad adulta debería ser capaz de defender ambas cosas sin convertir a ninguno de los dos lados en enemigo.
Y aquí entra también algo que pertenece exclusivamente a la esfera de cada persona: su espiritualidad. Uno puede ser católico, y dentro del catolicismo vivir su fe desde el Opus Dei, desde el Camino Neocatecumenal —los conocidos popularmente como kikos—, desde cualquier otra realidad de la Iglesia o sencillamente desde su parroquia de toda la vida. Puede ser cristiano ortodoxo, protestante o evangélico. Puede profesar el islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el sijismo o cualquier otra confesión. Puede ser agnóstico, ateo o no sentir ninguna necesidad religiosa. Todo eso pertenece a la conciencia de cada cual y merece exactamente el mismo respeto.
La vida no debería consistir en levantar trincheras entre unos y otros por esa razón. La espiritualidad de cada persona es suya. Su fe, o la ausencia de ella, también. Pero existe un territorio elemental donde pueden encontrarse todas esas culturas, religiones y formas de entender la existencia: intentar aplicar el sentido común, respetar la dignidad del otro, no abusar de quien está en una posición más débil y procurar no convertir la avaricia y la codicia en principios rectores de nuestra conducta.
No hace falta rezar para entenderlo y tampoco hace falta dejar de hacerlo.
Quizá esto suene a discurso de padre prior, a pensamiento franciscano, budista o a una ingenuidad impropia de estos tiempos. Quizá alguien nos llame Bambi. Nos da exactamente igual. Porque alguna vez habrá que decir que una sociedad no puede funcionar exclusivamente alrededor de una calculadora y de una palabra repetida hasta el infinito: dinero, dinero y dinero.
El dinero es necesario, por supuesto. Sin dinero no funcionan las empresas, no se pagan salarios, no se mantienen las familias, no se levantan viviendas y tampoco funcionan las administraciones, las organizaciones sociales ni las propias instituciones religiosas. El materialismo cotidiano existe porque todos tenemos que pagar la hipoteca o el alquiler, llenar la nevera, educar a nuestros hijos o simplemente llegar a final de mes. Negarlo sería ridículo. El problema comienza cuando el dinero deja de ser un instrumento para convertirse en la única medida de todas las cosas.
Y aquí aparece una frontera que ninguna ley puede delimitar completamente. ¿Cuánto es suficiente? ¿Dónde termina una rentabilidad razonable y empieza la voracidad? ¿En qué momento dejamos de ver delante a una persona y comenzamos a contemplar exclusivamente cuánto podemos extraer de ella? No existe un artículo del Código Civil capaz de responder por nosotros a todas esas preguntas.
Las administraciones tienen muchísimo trabajo por hacer. Necesitamos más vivienda, seguridad jurídica, políticas duraderas y acuerdos que sobrevivan a las elecciones. Pero ni la mejor ley del mundo puede legislar completamente contra la condición humana. No existe un decreto contra la avaricia, un artículo contra la envidia ni un reglamento capaz de obligarnos a preguntarnos si realmente necesitamos exprimir hasta el último euro posible al que tenemos delante.
Y tampoco se trata de construir una sociedad donde desaparezcan las diferencias derivadas del esfuerzo, del mérito o de las decisiones que toma cada uno. No todos trabajamos igual, no todos asumimos los mismos riesgos, no todos nos formamos de la misma manera ni todos hacemos idénticos sacrificios. Borrar esas diferencias tampoco solucionaría nada. Defender la dignidad no significa renunciar a la meritocracia. Ayudar a quien lo necesita no significa premiar permanentemente a quien no quiere asumir ninguna responsabilidad. Y proteger el acceso a una vivienda no significa regalar viviendas indiscriminadamente. Las cosas tienen un precio, el trabajo tiene un valor y el esfuerzo debe tener una recompensa.
Pero precisamente porque creemos en todo eso podemos defender también que una persona merece unas condiciones mínimas para vivir con dignidad. Ambas ideas no se contradicen. Se complementan.
Quizá el cambio tenga que empezar también por nosotros. Por entender que hoy podemos estar en un lado de la mesa y mañana en el contrario. El propietario puede acabar siendo inquilino, el empresario trabajador y quien hoy tiene dinero puede necesitar ayuda mañana. La vida cambia las sillas con enorme facilidad y algunas veces golpea sin piedra ni palo, incluso donde más duele: en nuestros hijos, nuestros padres o nuestras familias.
Por eso este domingo no queremos terminar culpando exclusivamente a un Gobierno, a un partido, a un sindicato, a un fondo de inversión, a un propietario o a un inquilino. Hoy queremos mirarnos un poco todos al espejo. También nosotros. Porque es muy sencillo exigir humanidad cuando somos quienes necesitamos que alguien la tenga con nosotros. Lo verdaderamente complicado es practicarla cuando somos nosotros quienes tenemos la sartén por el mango.
La vivienda necesita más casas, mejores leyes y mejores gestores. Necesita seguridad para quien alquila y para quien pone su propiedad en alquiler. Necesita esfuerzo, responsabilidad, mérito y cumplimiento de las obligaciones. Pero necesita también algo muchísimo más difícil de construir: menos codicia, menos avaricia y más humanidad.
Porque esa es la ley que ningún Gobierno podrá cambiar si antes no decidimos cambiarla nosotros.