Hay asuntos cuya importancia debería imponer ciertas obligaciones a quienes aspiran a gobernar. La primera, explicar la realidad sin deformarla. La segunda, acompañar las promesas electorales y programáticas con los recursos necesarios para cumplirlas. La tercera, capacidad para reconocer que algunas decisiones producirán sus principales efectos cuando hayan terminado varias legislaturas. El sistema público de pensiones reúne sobradamente esas condiciones. Sin embargo, vuelve a entrar en la disputa electoral sometido a una lógica que premia la exageración, penaliza los matices y convierte las incertidumbres de millones de ciudadanos en material de campaña.
En el camino hacia las elecciones generales en España para el 29 de noviembre, las pensiones merecen algo más que una competición entre quienes anuncian su quiebra y quienes consideran sospechosa cualquier discusión sobre su financiación. Ambos extremos dificultan una conversación imprescindible. Defender el sistema público exige ocuparse de su viabilidad. Advertir de sus dificultades exige también responsabilidad para no presentar como inevitable una catástrofe que las decisiones políticas y económicas pueden evitar perfectamente.
Conviene empezar por lo esencial. España dispone de un sistema de pensiones cuyo núcleo contributivo se organiza mediante el reparto, una fórmula ampliamente extendida en Europa. Las cotizaciones de quienes trabajan y las aportaciones de las empresas sostienen las prestaciones de quienes las perciben hoy. A esa financiación se añaden transferencias del Estado, respaldadas por los ingresos públicos. Existe, por tanto, un compromiso entre generaciones que necesita empleo, salarios, actividad económica y decisiones presupuestarias capaces de mantenerlo.
Esta explicación tiene consecuencias que a menudo desaparecen de los discursos electorales. Una reducción de cotizaciones disminuye los ingresos del sistema si no se compensa por otras vías. Puede defenderse una modificación de las cargas sobre el trabajo, pero corresponde explicar quién cubrirá la diferencia, con qué recursos y durante cuánto tiempo. Invocar un crecimiento futuro del empleo no basta para dar por garantizada una recaudación que debe atender obligaciones presentes.
La misma exigencia debe aplicarse a las propuestas de reducir de manera general la edad de jubilación. Si se acorta el periodo de cotización y se alarga el de percepción de la pensión, aumentan las necesidades de financiación, salvo que intervengan otros cambios que compensen ese efecto. Otra cuestión son las respuestas específicas para trabajos penosos, situaciones de discapacidad o trayectorias laborales que requieren una protección particular. La justicia de esas excepciones merece un análisis propio. Pero lo que resulta poco serio es convertir una rebaja general en una promesa electoral aparentemente gratuita.
Vivimos más años, y eso constituye una de las mejores noticias de nuestro tiempo. Pero esa conquista social obliga a organizar los recursos necesarios para sostener jubilaciones más prolongadas. A ello se suman la baja natalidad y la llegada a la jubilación de generaciones numerosas. Reconocer estas circunstancias es una condición para proteger los derechos de quienes ya están retirados y de quienes esperan estarlo dentro de veinte o treinta años. Es decir, de millones de ciudadanos.
El reciente estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aporta una referencia especialmente útil para ordenar esta discusión. La AIReF confirma el cumplimiento formal de la regla de gasto de pensiones. El indicador de gasto neto empleado para verificarla se sitúa, como promedio del periodo 2022-2050, en el 13% del Producto Interior Bruto español. Esas cifras ofrecen un escenario de serenidad. Pero la propia institución advierte de que ese resultado no garantiza la sostenibilidad del sistema ni la del conjunto de las cuentas públicas.
La diferencia es sustancial. Una regla puede cumplirse y, al mismo tiempo, persistir tensiones que obliguen a adoptar nuevas decisiones. Utilizar ese cumplimiento como certificado definitivo de tranquilidad sería tan equivocado como ignorarlo para anunciar un derrumbe inmediato. El análisis técnico exige leer juntas las dos conclusiones.
Según las proyecciones de la AIReF, el gasto público en pensiones pasaría del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050. El número de pensiones -que no equivale al de pensionistas, porque una persona puede percibir más de una- aumentaría de 11,6 a 17,4 millones. Son estimaciones sujetas a supuestos demográficos y económicos, no hechos futuros ya escritos. Precisamente por eso sirven para anticipar decisiones y evaluar alternativas. En la gestión pública hay que respetar a los números, quien lo hace demuestra que respeta a los ciudadanos
La advertencia alcanza, además, al conjunto del Estado del Bienestar. El envejecimiento incrementará también las necesidades de sanidad y cuidados de larga duración. En su escenario a políticas constantes, la AIReF proyecta una deuda pública del 123% del PIB en 2050. Esa cifra corresponde a todas las administraciones y no puede atribuirse exclusivamente a las pensiones. Sí permite entender que sus necesidades de financiación forman parte de un presupuesto común, en el que también deben encontrar espacio la educación, la vivienda, las infraestructuras y los demás servicios públicos. Es decir, la política.
Las transferencias del Estado son una vía legítima para financiar la protección social. Pero trasladar una necesidad de financiación desde la Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado no hace desaparecer su coste. La sociedad sigue teniendo que afrontarlo mediante ingresos, reasignación de recursos o endeudamiento. La discusión responsable consiste en decidir cómo repartir ese esfuerzo y cómo evitar que comprometa otras obligaciones igualmente necesarias. Por eso el debate sobre las pensiones es también un debate sobre el modelo productivo. Importa cuántas personas trabajan, cuánto cobran, qué estabilidad tienen sus empleos y qué capacidad posee la economía para generar riqueza. La AIReF señala que su escenario depende de una recuperación sostenida de la productividad. No basta, por tanto, con confiar en que el crecimiento resolverá las tensiones: hacen falta políticas que permitan sostenerlo. La formación, la innovación y la mejora de las condiciones laborales tienen una relación directa con las pensiones futuras, aunque rara vez aparezcan juntas en el mismo mensaje electoral. Lo complejo es muy difícil de vender electoralmente.
También debe abordarse con seriedad la aportación de los trabajadores inmigrantes. Su incorporación al empleo formal amplía la base de cotizantes y contribuye a afrontar el envejecimiento. Despreciar esa contribución por conveniencia partidista resulta incompatible con una lectura honesta de nuestra realidad demográfica. Pero tampoco sería riguroso presentarla como una solución definitiva: quienes cotizan hoy generan derechos para mañana. La integración laboral y social necesita una perspectiva mucho más amplia que la mera recaudación inmediata. En esta discusión aparecen, asimismo, propuestas para complementar el reparto con mecanismos de ahorro e inversión. Merecen ser examinadas por su diseño y sus efectos. La existencia de una parte capitalizada no implica, por sí misma, la desaparición del sistema público. Suecia, un país poco sospechoso de cuestionar un Estado del Bienestar robusto, ofrece sin embargo un ejemplo de convivencia entre un componente principal de reparto y otro de capitalización integrado en la pensión pública, junto con pensiones de empleo y ahorro personal.
Ahora bien, citar un país no sustituye la explicación de una reforma. Habría que precisar si las aportaciones serían adicionales o procederían de las cotizaciones actuales, quién gestionaría los fondos, qué comisiones se cobrarían y quién asumiría los riesgos. Si se desvían ingresos que hoy pagan pensiones, debe explicarse cómo se financiará esa transición. Si se exige un esfuerzo adicional, debe valorarse su efecto sobre trabajadores y empresas. Y si el complemento depende de la capacidad individual de ahorro, hay que atender a las diferencias entre salarios y trayectorias laborales. Un complemento debe evaluarse también por su capacidad para proteger a quienes disponen de menos recursos. La perspectiva social no debe desaparecer nunca del análisis.
Nada de ello se resuelve mediante una etiqueta tranquilizadora o una acusación automática de privatización. Una campaña electoral para adultos debería permitir conocer unas propuestas lo suficientemente detalladas como para compararlas. Los acuerdos que deban perdurar exigirán después negociación, evaluación y voluntad de continuidad.
España cuenta con una referencia para hacerlo: el Pacto de Toledo. Su valor reside en haber situado las pensiones en un espacio de entendimiento que podía sobrevivir a la alternancia política. Recuperar esa ambición no obliga a suprimir las diferencias ideológicas. Obliga a discutirlas con cifras compartidas, costes identificables y respeto por las consecuencias de cada decisión. Nada sale gratis en la casa de todos.
Tampoco conviene alimentar una guerra entre edades. Los pensionistas han contribuido durante su vida laboral al sostenimiento del país y tienen derecho a una protección suficiente. Los jóvenes necesitan empleo, vivienda y confianza en que el esfuerzo que se les pide sostendrá también su jubilación. Ambos intereses forman parte del mismo compromiso. Debilitar a unos difícilmente garantizará el bienestar de los otros. El Estado social es una calle de doble sentido.
Ese debería ser el punto de partida de quienes aspiran a gobernar después del 29 de noviembre: preservar unas pensiones suficientes, explicar cómo financiarlas y acordar una distribución del esfuerzo que pueda sostenerse entre generaciones. Los pensionistas son ciudadanos con derechos y criterio propio. Tratarlos como una simple mercancía electoral constituye una falta de respeto hacia ellos y una irresponsabilidad hacia el futuro del país.