Las primeras reacciones a los dos decretos de vivienda aprobados este martes por el Gobierno dibujan un escenario claramente dividido. El sector inmobiliario alerta de que ampliar las prórrogas de los contratos, aumentar la intervención sobre el alquiler y limitar la entrada de determinados fondos puede reducir todavía más una oferta que ya considera insuficiente. Idealista advierte del riesgo de que parte de los propietarios retire sus viviendas del mercado, mientras el Banco de España ha señalado que algunas medidas pueden generar «efectos indeseados» si terminan desincentivando la oferta.

En el lado contrario, sindicatos y organizaciones vinculadas al derecho a la vivienda consideran que el paquete supone un avance, aunque reclaman medidas más contundentes. UGT ha pedido reforzar la protección frente a los desahucios y avanzar hacia una mayor estabilidad de los contratos, mientras el Sindicato de Inquilinas rechaza que las medidas se hayan dividido en dos decretos y mantiene la presión para endurecer la regulación.

El Gobierno ha incluido, entre otras medidas, la prórroga de determinados contratos hasta 2028, nuevas reglas para los alquileres de temporada y habitaciones, protección frente a desahucios de personas vulnerables hasta 2030 y restricciones temporales a la compra de vivienda por determinados fondos. Los dos textos deberán ahora superar su convalidación en el Congreso.