La futura Ley Orgánica de Integridad Pública, impulsada por el Gobierno central como uno de los grandes pilares de su plan anticorrupción, ha abierto un fuerte debate jurídico e institucional en España. La Fiscalía y el Consejo General del Notariado han advertido de posibles “lagunas” en el nuevo sistema de control societario planteado por el Ejecutivo, al considerar que algunos cambios podrían debilitar la prevención del blanqueo de capitales.

El anteproyecto prevé modificar el sistema de transmisión de participaciones sociales de las sociedades limitadas, permitiendo en determinados casos operaciones mediante documento privado electrónico e inscripción registral. Según los críticos, este mecanismo podría reducir parte del control preventivo que actualmente ejercen los notarios en operaciones sensibles vinculadas a sociedades mercantiles y titularidades reales.

Desde el ámbito notarial sostienen que el modelo actual permite detectar movimientos sospechosos, estructuras opacas o posibles operaciones ligadas al fraude y al lavado de dinero antes de que se formalicen. La Fiscalía también ha mostrado preocupación por el posible impacto que estos cambios tendrían sobre la trazabilidad financiera.

Sin embargo, el Gobierno defiende que la reforma busca reforzar la transparencia empresarial, agilizar procedimientos y endurecer la lucha contra la corrupción mediante un mayor control registral y nuevas herramientas digitales de supervisión.

La ley contempla 84 medidas y modifica 18 normas distintas para elevar el nivel de control sobre contratos públicos, sociedades y recuperación de activos vinculados a corrupción o fraude económico. El debate jurídico ya está servido.