El Real Decreto-ley 23/2026 obtiene un respaldo muy amplio en la Cámara Baja y mantiene medidas extraordinarias para los afectados por el volcán. Canarias podrá movilizar 100 millones de euros para nuevas ayudas y utilizar recursos acumulados para inversiones, mientras se prorroga la deducción del 60% del IRPF en La Palma.

Canarias logró este miércoles un amplio respaldo en el Congreso de los Diputados. El denominado «decreto Canarias», centrado especialmente en la reconstrucción de La Palma y en flexibilizar el uso del superávit de determinadas comunidades autónomas, fue convalidado por 300 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones. La norma continuará ahora su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá presentar enmiendas.

El Real Decreto-ley 23/2026 mantiene varias medidas nacidas tras la erupción de 2021 y que seguían siendo reclamadas por los afectados. Entre ellas figura la prolongación durante todo 2026 de la deducción del 60% en el IRPF para los residentes habituales y efectivos de La Palma, una ventaja fiscal equiparada a la aplicada en Ceuta y Melilla.

Uno de los puntos de mayor importancia económica para Canarias es la autorización específica para que el Ejecutivo autonómico pueda utilizar 100 millones de euros de sus excesos de financiación o superávits para conceder ayudas a personas y entidades damnificadas por la erupción. La norma establece que estos recursos se orientarán preferentemente a compensar pérdidas sufridas por el sector agrario.

El decreto abre además la puerta a que las comunidades que cumplan determinados requisitos de estabilidad financiera utilicen sus recursos acumulados para realizar inversiones. Aquellas cuya deuda pública estuviera por debajo del 12,4% del PIB regional al cierre de 2025 podrán destinar excesos de financiación y superávits pendientes a proyectos que se ejecuten entre 2026 y 2028. El Gobierno calcula que ocho autonomías, entre ellas Canarias, pueden movilizar en conjunto cerca de 4.000 millones de euros.

La Palma concentra buena parte de las medidas sociales incluidas en el texto. Se abre un nuevo plazo para que determinados agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte afectados por el volcán puedan solicitar la suspensión del pago de principal e intereses de préstamos y créditos. También se establece un nuevo régimen para la prestación extraordinaria por cese de actividad de trabajadores autónomos damnificados por la erupción.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió la norma en nombre del Gobierno. PP y PSOE coincidieron finalmente en el voto favorable, aunque los populares criticaron durante el debate el retraso de algunas medidas. Coalición Canaria y PNV también respaldaron el decreto. Vox y Junts votaron en contra por razones distintas vinculadas al contenido conjunto de la norma y a los criterios de acceso a la flexibilidad financiera.

348 votos emitidos: 300 síes frente a 38 noes

La votación dejó 348 votos contabilizados: 300 a favor, 38 en contra y 10 abstenciones. El PP se sumó al respaldo de la norma, permitiendo una mayoría muy amplia junto al PSOE y otros grupos. Los votos contrarios procedieron de Vox y Junts.

Las 10 abstenciones correspondieron a ERC, la diputada de Compromís Águeda Micó, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez y el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith. Tras la convalidación, el decreto permanece en vigor y el Congreso acordó tramitarlo como proyecto de ley por la vía de urgencia, por lo que su contenido todavía podrá ser modificado mediante enmiendas durante su recorrido parlamentario.