La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ordenó paralizar la actividad y restaurar los terrenos afectados en Las Manchas. El expediente alcanza once parcelas de diez propietarios y los ecologistas denuncian que los trabajos habrían continuado pese a la resolución administrativa.

Una planta dedicada a la extracción y tratamiento de áridos sobre terrenos afectados por la erupción del Tajogaite ha abierto un nuevo frente medioambiental y administrativo en La Palma. La noticia, adelantada por Radio La Palma-Cadena SER, revela que la actividad se habría desarrollado sin las autorizaciones necesarias sobre aproximadamente 12.000 metros cuadrados de suelo rústico.

El expediente afecta a la zona de Las Manchas, en Los Llanos de Aridane, y comprende once parcelas pertenecientes a diez propietarios distintos. Según la documentación administrativa conocida por la SER, una inspección realizada en abril de 2025 constató la presencia de maquinaria pesada retirando roca volcánica y trasladándola posteriormente a una planta para su tratamiento y machaqueo.

El responsable de la actividad había solicitado previamente autorización para retirar ceniza y otros materiales volcánicos. Sin embargo, el Cabildo de La Palma determinó que los trabajos suponían una nueva actividad o una modificación sustancial de la existente antes de la erupción, por lo que necesitaban nuevas autorizaciones.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural abrió en mayo de 2025 un procedimiento para restablecer la legalidad y ordenó suspender la extracción. Meses después, en noviembre, dictó una resolución definitiva considerando que las actuaciones realizadas no podían ser legalizadas.

La decisión obliga a retirar o demoler las instalaciones afectadas y a restaurar los terrenos hasta devolverlos a su estado anterior, además de presentar el correspondiente proyecto de reposición.

El caso ha adquirido una nueva dimensión después de que Ben Magec-Ecologistas en Acción denunciara que la actividad habría continuado a pesar de la orden de paralización. Una de las propietarias afectadas volvió además a denunciar durante 2026 que los trabajos seguían desarrollándose dentro de su parcela sin su consentimiento.

El procedimiento puede acabar también en una importante sanción económica. La legislación canaria tipifica como infracción muy grave determinadas extracciones de áridos ejecutadas sin las autorizaciones preceptivas, con multas cuya cuantía depende de la superficie afectada, el volumen retirado y las circunstancias concretas del expediente.

El empresario expedientado ha defendido, por su parte, su condición de afectado por la erupción volcánica y ha cuestionado la actuación administrativa. Frente a esas alegaciones, los informes conocidos mantienen que la actividad desarrollada carecía de la cobertura legal necesaria.

La investigación adelantada por Cadena SER vuelve así a colocar los áridos de La Palma en el centro del debate cinco años después de la erupción, esta vez por una explotación desarrollada directamente sobre los nuevos terrenos volcánicos y por la obligación de restaurar una superficie que alcanza los 12.000 metros cuadrados.