El Gobierno ha decidido que los inmigrantes que no logren obtener el permiso de residencia tras el proceso de regularización extraordinaria no serán expulsados y permanecerán en España en situación irregular. La medida introduce además nuevos requisitos, como la obligación de acreditar la ausencia de antecedentes penales, incluso en países donde hayan residido previamente.

Desde el Ministerio se contempla la posibilidad de recabar esta documentación por vía diplomática en caso de dificultad, mientras socios como Sumar presionan para flexibilizar estos trámites y evitar que se conviertan en un obstáculo para la regularización. La decisión abre un nuevo debate político y jurídico sobre el alcance real del proceso y sus efectos en el sistema migratorio español.