El PSOE ha logrado este miércoles el respaldo unánime del Parlamento de Canarias a una iniciativa destinada a desbloquear el acceso a la propiedad de las viviendas públicas en las que residen desde hace décadas alrededor de 10.700 familias del Archipiélago. La propuesta fue defendida por el portavoz socialista, Sebastián Franquis, y afecta a inmuebles del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y de Visocan alquilados con opción de compra.
La Proposición No de Ley reclama al Ejecutivo autonómico que active el procedimiento previsto para que estos inquilinos puedan adquirir finalmente sus casas. Muchos de los afectados llevan entre dos y tres décadas abonando sus alquileres y esperando poder culminar el proceso de compra.
El acuerdo establece además que el Gobierno de Canarias deberá identificar y hacer público, en un plazo máximo de tres meses, el listado de viviendas que pueden acogerse al procedimiento. También plantea habilitar una partida presupuestaria específica que permita financiar a Visocan las bonificaciones contempladas y garantizar que las operaciones puedan ejecutarse.
Franquis defendió que la iniciativa pretende proporcionar seguridad jurídica a miles de familias que llevan años esperando una solución y criticó los obstáculos burocráticos que, según el PSOE, han ralentizado el proceso durante la actual legislatura. El portavoz socialista reclamó rapidez y transparencia para hacer efectivo el acceso a la propiedad.
La propuesta salió adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque durante el debate Coalición Canaria advirtió de las diferencias fiscales existentes entre las viviendas del ICAVI y las gestionadas por Visocan. Su diputada Socorro Beato señaló que estas últimas pueden estar sometidas a determinadas cargas tributarias en la transmisión y defendió buscar una fórmula que evite sobrecostes a los compradores.
El respaldo unánime coloca ahora la responsabilidad de ejecutar el acuerdo en el Gobierno autonómico y abre una vía para que miles de familias puedan convertirse finalmente en propietarias de las viviendas que ocupan desde hace décadas.