La diputada popular respalda que los adjudicatarios que llevan décadas pagando una vivienda pública y tienen reconocida la opción de compra puedan acceder finalmente a la propiedad. El Parlamento ha aprobado por unanimidad identificar en tres meses las promociones afectadas y activar los procedimientos previstos en el Decreto 1/2023.

La diputada del Partido Popular por Tenerife Jennifer Curbelo ha puesto el foco en las familias que llevan más de treinta años residiendo en viviendas protegidas de Canarias en régimen de alquiler y que reclaman poder culminar el proceso para convertirse en propietarias.

El planteamiento trasladado por Curbelo es que aquellos adjudicatarios que cumplen los requisitos y disponen de contratos o antecedentes administrativos que contemplaban la opción de compra puedan ejercerla. «Más de 30 años residiendo en viviendas públicas de Canarias en régimen de alquiler, con opción a compra, merecen respeto», sostiene el mensaje difundido por el PP de Canarias, que anuncia que seguirá trabajando para buscar una solución que permita el acceso a la propiedad.

El posicionamiento llega después de que el Parlamento de Canarias respaldara este miércoles por unanimidad una proposición no de ley presentada por el PSOE y defendida por Sebastián Franquis. Por tanto, la iniciativa parlamentaria no es del PP, aunque los populares la han apoyado. El acuerdo afecta potencialmente a unas 10.700 familias residentes en viviendas del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y de Visocan.

El texto aprobado obliga a avanzar en una cuestión concreta: el Gobierno deberá identificar y hacer público en un plazo máximo de tres meses qué promociones y viviendas pueden acogerse al procedimiento de acceso a la propiedad. También se reclama financiación para cubrir las bonificaciones de Visocan y evitar que la falta de recursos bloquee las operaciones.

Ahí se sitúa la propuesta que ahora defiende Curbelo: pasar de décadas de alquiler a una solución de propiedad para quienes tengan reconocido ese derecho y cumplan las condiciones legales. El Decreto 1/2023 establece precisamente un procedimiento para que el ICAVI oferte en venta las promociones susceptibles de transmisión y contempla también determinadas viviendas propiedad de Visocan.

El principal escollo está en esta última empresa pública. Visocan es una sociedad mercantil y sus operaciones tienen un tratamiento jurídico, fiscal y contable distinto al del ICAVI. Coalición Canaria introdujo durante la tramitación la necesidad de analizar cuestiones como los impuestos derivados de la transmisión y su financiación para evitar que el acceso a la propiedad termine suponiendo un sobrecoste para las familias.

Treinta años esperando unas escrituras

El conflicto no nació ahora. Durante los años noventa, Canarias aprobó sucesivamente los decretos 34/1995, 12/1996 y 114/1999, que establecieron mecanismos para que determinados adjudicatarios de viviendas protegidas inicialmente entregadas en alquiler pudieran acceder posteriormente a la propiedad. En algunos casos, la propia Administración incorporó anexos a los contratos reconociendo expresamente esa opción.

Uno de los ejemplos recogidos en la documentación parlamentaria es el grupo de 289 viviendas de Lomo de los Frailes, en Las Palmas de Gran Canaria. Los antiguos documentos contemplaban incluso una subvención equivalente al 50% del valor de la vivienda y la posibilidad de descontar cantidades abonadas previamente en concepto de alquiler, siempre conforme a los requisitos entonces vigentes.

Con el paso de los años expiraron algunos de aquellos procedimientos y quedaron familias que siguieron viviendo y pagando sus alquileres sin culminar la compra. Precisamente para volver a articular una salida se aprobó el Decreto 1/2023, que permite ofrecer a la venta determinadas viviendas protegidas anteriores a los primeros planes canarios de vivienda y contempla también supuestos de Visocan.

La reivindicación actual de los afectados es esencialmente la misma que hace tres décadas: que quienes recibieron una vivienda protegida en alquiler con expectativa u opción de compra y cumplan los requisitos puedan cerrar finalmente la operación, saber cuánto deben pagar y obtener las escrituras de una casa en la que algunos llevan viviendo más de media vida. El acuerdo parlamentario de este miércoles abre ahora un plazo para determinar cuántas de esas 10.700 familias pueden acogerse efectivamente al procedimiento y en qué condiciones.