La organización reconoce un “equipo de remuneradas”, contratos indefinidos y salarios de hasta 18.499 euros en sus últimas ofertas; una información publicada en 2025 situó el 71,8% de sus gastos en personal

El Sindicato de Inquilinas de Madrid no es únicamente una red de voluntarios, afiliados y activistas movilizados en torno al problema de la vivienda. Detrás de sus protestas, campañas, portavocías y actividad mediática existe también una estructura profesional con personas contratadas, salarios, contratos indefinidos, gestoría, locales, comunicación y una caja de resistencia. Es la propia organización la que lo reconoce públicamente en su apartado de transparencia.

El Sindicato asegura que actualmente supera las 4.000 personas y sostiene que su principal vía de financiación son las cuotas de afiliación. La organización afirma además que no recibe subvenciones públicas y que completa sus ingresos mediante donaciones y servicios remunerados, como charlas y talleres.

La cuota ordinaria es de 100 euros anuales —o diez euros mensuales—, aunque existen diferentes modalidades. Por tanto, multiplicar simplemente 4.000 afiliados por 100 euros daría una referencia teórica de 400.000 euros anuales, pero no puede considerarse su facturación real: no todos pagan la misma cuota y existen altas, bajas, modalidades reducidas y otras fuentes de ingresos.

La organización no publica actualmente en abierto una cifra global actualizada de presupuesto anual. Sí detalla dónde se destina el dinero. Su página de transparencia señala que el 10% de los ingresos se reserva para la caja de resistencia, destinada a afrontar multas, actuaciones legales colectivas y otros imprevistos. Entre los gastos de estructura reconoce expresamente a las “personas contratadas”, junto a gestoría, locales, infraestructura web y materiales para campañas.

Una información publicada por La Razón en abril de 2025, basada en los gráficos de transparencia que entonces mostraba el propio Sindicato, situaba las cuotas en el 87% de los ingresos, los servicios remunerados en el 10,8% y las donaciones en el 2,1%. Según esos mismos datos reproducidos entonces, el 71,8% del gasto correspondía a personal, el 11,2% a actividades y el 2,7% a utilización de la caja de resistencia. Son porcentajes correspondientes a la información disponible entonces y no deben confundirse con unas cuentas auditadas de 2026.

La existencia de nóminas, en cualquier caso, no necesita estimaciones. En diciembre de 2025, el Sindicato abrió dos puestos de trabajo en Comunicación con contratos indefinidos, jornadas de 35 horas semanales y un salario bruto anual de 17.960,04 euros por puesto. La propia oferta anunciaba que los nuevos trabajadores pasarían a formar parte de su “equipo de remuneradas”.

Este junio volvió a contratar. Una nueva oferta para Comunicación fijaba una remuneración de 18.498,96 euros brutos anuales, contrato indefinido y hasta 100 euros mensuales adicionales para determinados gastos de transporte. El anuncio vuelve a utilizar expresamente la denominación de “equipo de remuneradas”.

Y existe otro elemento relevante para entender cómo selecciona a parte de ese personal. En esa convocatoria se exigía sensibilidad política y afinidad con sus postulados sobre vivienda y se señalaba expresamente que se valoraría la participación previa en movimientos sociales, sindicatos, colectivos de base u organizaciones políticas. La oferta de diciembre de 2025 contenía un criterio similar para sus dos puestos de Comunicación.

Eso no significa que exista una promoción automática del voluntario al trabajador contratado. Pero sí permite afirmar algo más concreto: la experiencia militante constituye un mérito valorado oficialmente por el Sindicato cuando selecciona personal para determinados puestos remunerados.

La propia organización confirmó además en su Asamblea Anual de febrero de 2026 que sus afiliados aprobaron una subida salarial de las compañeras remuneradas, al tiempo que revisaron las cuentas y decidieron qué porcentaje de sus ingresos dedicarían a la caja de resistencia.

Valeria Racu: del sindicalismo universitario remunerado en Londres a la portavocía de la vivienda en Madrid

La trayectoria de Valeria Racu, una de las caras más reconocibles del Sindicato de Inquilinas, comenzó años antes de las actuales movilizaciones de Madrid. Racu estudió en SOAS, Universidad de Londres, y en marzo de 2019 se presentó a las elecciones de su sindicato universitario. Ganó la copresidencia de Welfare & Campaigns con 536 votos frente a los 174 de su adversario.

Sus responsabilidades no se limitaban a la representación académica. UWC España explicó entonces que el puesto tenía entre sus funciones facilitar la organización y participación del alumnado en campañas políticas dentro y fuera del campus, tanto a escala local como internacional.

Tampoco se trataba de un simple cargo voluntario. Las cuentas oficiales del SOAS Students’ Union presentadas ante la Charity Commission británica identifican a Racu durante el periodo 1 de agosto de 2019-31 de julio de 2020 como Full-time Sabbatical Officer, es decir, responsable sabática a tiempo completo.

La documentación contable de la organización confirma además que los sabbatical officers eran puestos remunerados y que el sindicato universitario tenía ocho empleados de gestión a tiempo completo, cuatro cargos sabáticos a tiempo completo y decenas de trabajadores a tiempo parcial en aquel periodo. Solo en salarios y costes asociados al personal declaró 627.256 libras en 2020.

Lo que las fuentes primarias consultadas no permiten cerrar es la cifra exacta que cobró individualmente Racu. En internet se han difundido cantidades próximas a las 30.000 libras anuales, y los cargos equivalentes de SOAS son actualmente puestos remunerados de aproximadamente 30.000 libras, pero eso no permite atribuir retroactivamente esa nómina exacta a Racu en 2019.

Sí está acreditado, por tanto, que su actividad sindical en SOAS fue un puesto institucional a tiempo completo y remunerado. Años después, Racu se convirtió en una de las principales portavoces públicas del Sindicato de Inquilinas de Madrid, una organización que hoy también reconoce abiertamente la existencia de personal profesional remunerado dentro de su estructura.