Los ayuntamientos canarios dispondrán de una nueva vía para reforzar las políticas de vivienda gracias a la decisión del Ministerio de Hacienda de permitir el uso de remanentes y superávits municipales para afrontar la crisis habitacional. La medida, largamente reclamada por las corporaciones locales, abre la puerta a movilizar hasta 2.540 millones de euros que permanecían acumulados en las arcas municipales y que ahora podrán destinarse a la construcción de vivienda pública, adquisición de inmuebles, rehabilitación de edificios y desarrollo de suelo residencial.

El cambio supone un importante balón de oxígeno para unos municipios que llevan años reclamando mayor autonomía financiera para responder a uno de los principales problemas sociales de Canarias: el acceso a la vivienda. La escasez de oferta, el aumento de los precios y las dificultades de emancipación de los jóvenes han convertido la cuestión habitacional en una prioridad para las administraciones públicas.

Desde el municipalismo isleño se valora la medida como un avance significativo, ya que permitirá acelerar proyectos que hasta ahora estaban condicionados por las restricciones de gasto. La expectativa es que estos recursos contribuyan a incrementar el parque público de viviendas y a aliviar la presión que sufren miles de familias en las Islas, donde la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones ciudadanas.