La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ordene a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) limitar su investigación a los hechos concretos fijados en el auto judicial del pasado 18 de mayo, evitando lo que considera una investigación “sin coto ni límite” sobre su vida personal.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el letrado del exdirigente pide además medidas para impedir la difusión indiscriminada de datos personales tras la publicación de un informe policial fechado el 22 de junio, que incluiría agendas completas y conversaciones de WhatsApp del expresidente.

La defensa sostiene que el hecho de estar investigado no implica la pérdida de derechos fundamentales y subraya que «por el hecho de ser investigado, un ciudadano no pierde sus derechos ni los poderes públicos […] asumen facultades para, sin coto ni límite, allanar su intimidad y su vida privada».

En este sentido, el abogado denuncia que el material incorporado a la causa contendría información “estrictamente personal y ajena al procedimiento”, lo que, a su juicio, supone una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos.

El escrito insiste en que la actuación policial debería haberse limitado exclusivamente a los hechos concretos autorizados judicialmente, con “prohibición expresa de servirse de la información masivamente obtenida” para investigar otras actividades del expresidente.

La defensa argumenta que la vida de Zapatero “no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial” sin una resolución motivada que justifique la existencia de indicios de criminalidad sobre hechos concretos, y acusa a la investigación de haber excedido el marco judicial autorizado.

Además, solicita al juez la devolución del último informe de la UDEF, en el que se apunta a una supuesta intermediación del exmandatario en Bolivia en favor del grupo empresarial peruano Gloria, mediante una presunta contraprestación de 200.000 euros.

El letrado considera que dicho informe incluye hechos “ajenos a los aquí investigados” y que habría sido elaborado a partir de una investigación prospectiva no autorizada judicialmente, por lo que pide su exclusión del procedimiento.