La Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna ha ordenado el desalojo del edificio de apartamentos y locales comerciales ‘Dácil’, en el barrio costero de Bajamar, ante la imposibilidad de garantizar la estabilidad de la estructura mientras continúan las obras de rehabilitación y refuerzo.

La resolución fue notificada el pasado viernes y establece un plazo de 24 horas para abandonar el inmueble, que cuenta con 28 apartamentos. El acceso quedará restringido al personal imprescindible para realizar inspecciones, trabajos urgentes de aseguramiento y las actuaciones de rehabilitación y refuerzo.

La medida se adopta después de las comprobaciones realizadas por el Servicio de Disciplina Urbanística y de un informe de la dirección facultativa de las obras en curso. El documento concluye que, debido al estado actual de los trabajos y a las actuaciones de refuerzo que todavía están pendientes, no es posible asegurar la estabilidad del edificio.

La Gerencia considera que existe una situación de «falta de seguridad estructural» que impide garantizar «ni tan siquiera transitoriamente» unas condiciones mínimas de seguridad para las personas y los bienes.

Urbanismo ha dado además un plazo de tres días para revisar los apuntalamientos y los elementos estructurales afectados. Si durante estas comprobaciones se detectan nuevas patologías, daños o la necesidad de instalar más elementos de refuerzo, deberán ser comunicados de inmediato.

El Ayuntamiento ha mantenido una reunión informativa con la comunidad de propietarios para explicar el contenido de la resolución, las medidas cautelares y las obligaciones vinculadas a las órdenes de ejecución. También ha habilitado un canal de comunicación con los propietarios para coordinar las actuaciones y mantenerles informados sobre la evolución de los trabajos.

En paralelo, se ha activado un dispositivo de acompañamiento social y seguridad para facilitar el desalojo. Este contempla vigilancia del inmueble para impedir accesos no autorizados y la posibilidad de ofrecer alojamiento temporal y apoyo social a las unidades familiares que lo necesiten. La mayoría de los residentes, según el Ayuntamiento, dispone de otras alternativas de alojamiento.

El edificio ya fue desalojado de forma urgente en 2019 después de que un informe técnico alertara de un posible riesgo de colapso. Una semana después se autorizó el regreso de los residentes tras una valoración certificada por Bureau Veritas que determinó que la estructura mantenía entonces condiciones de estabilidad, aunque condicionadas a la ejecución de obras de refuerzo.

Casi siete años después, la documentación incorporada al expediente y la nueva inspección técnica han constatado que las obras de rehabilitación no han terminado y que todavía quedan elementos estructurales pendientes de intervención. Además, según la Gerencia, la propiedad y la empresa contratada no han podido acceder a todos los locales para ejecutar los refuerzos previstos.

Durante la inspección se localizaron apuntalamientos en algunos locales y fisuras visibles en el exterior, mientras que no fue posible acceder a todos los espacios afectados. El informe advierte también de que algunos de los apuntalamientos existentes no disponían de los elementos necesarios para garantizar una adecuada transmisión de cargas y requieren una evaluación técnica más amplia.

El levantamiento de las medidas cautelares quedará condicionado a la presentación de un certificado técnico actualizado, elaborado por una empresa especializada tras un estudio patológico, que justifique la seguridad estructural del edificio y descarte cualquier riesgo para las personas antes de autorizar nuevamente su ocupación.

Uno de los propietarios, Dimas, ha descrito la situación como un «calvario» desde que comenzaron a detectarse los primeros signos de «deterioro» y ha señalado la existencia de «falta de sintonía» entre los propietarios y con la empresa encargada de las obras.

Según ha explicado, algunos propietarios no han permitido el acceso de la contrata a sus viviendas para ejecutar los trabajos, una situación que, a su juicio, ha contribuido a que no puedan completarse las actuaciones necesarias. También ha señalado que la comunidad ha invertido «un dineral» en licencias, proyectos y obras, mientras algunos propietarios no han abonado las derramas correspondientes, lo que ha derivado en procedimientos judiciales.

«Los juzgados han paralizado cualquier tipo de reclamación y cualquier tipo de intento por parte de la comunidad de desbloquear esta situación. Mientras tanto, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y ahora tenemos al lobo que ya nos está mordiendo», ha señalado.

El propietario ha reclamado ahora «agilizar» los trabajos de apuntalamiento de la estructura para reducir en lo posible el tiempo que los residentes deberán permanecer fuera del edificio.