La Audiencia de Cuentas de Canarias ha detectado varias incidencias en la gestión económica de la Comunidad Autónoma durante 2024, entre ellas una posible responsabilidad contable de carácter administrativo vinculada a la devolución de 46,3 millones de euros a las compañías eléctricas tras la anulación judicial de sanciones relacionadas con apagones ocurridos en Tenerife y La Palma.

La observación figura en el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma presentado en el Parlamento por el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco. El documento también advierte del incumplimiento de la regla de gasto, de una menor ejecución de inversiones y fondos europeos respecto al año anterior y de los riesgos existentes para recuperar determinadas subvenciones concedidas por la Administración autonómica.

El caso de las sanciones eléctricas constituye uno de los aspectos más relevantes del informe. Según la Audiencia, el Ejecutivo canario tuvo que reintegrar 46,3 millones de euros a Red Eléctrica y Endesa después de que los tribunales anularan los expedientes sancionadores. De esa cantidad, 42,8 millones correspondían a las multas y 3,4 millones a intereses de demora.

La causa de la anulación estuvo en que los expedientes fueron comunicados fuera de plazo. A pesar de ello, la Administración continuó con la tramitación y las sanciones acabaron siendo invalidadas por la Justicia. Cuando se intentó retomar el procedimiento, los hechos ya habían prescrito. Pacheco señaló durante la comisión parlamentaria que el perjuicio económico supone «una cantidad bastante seria», aunque indicó que las eventuales responsabilidades derivadas de este asunto tendrían carácter administrativo.

Otro de los puntos que preocupa a la Audiencia es la recuperación de fondos públicos procedentes de subvenciones pendientes de justificar. Aunque el Gobierno ha dictado resoluciones de reintegro por valor de 14,8 millones de euros, existen otros 110 millones que podrían no recuperarse si los expedientes prescriben. La mayor parte de esa cantidad corresponde a ayudas extraordinarias concedidas durante la pandemia a empresas y trabajadores autónomos.

En materia de ejecución presupuestaria, el informe refleja una reducción del ritmo de gasto en proyectos financiados con fondos europeos. La ejecución de los programas Next Generation alcanzó el 22,24 % en 2024, lejos del 37,73 % registrado un año antes.

La misma tendencia se aprecia en las inversiones de la Comunidad Autónoma. El grado de ejecución del capítulo destinado a este fin se situó en el 52,35 % de los recursos disponibles, frente al 58,53 % alcanzado durante el ejercicio precedente. Ante estos datos, Pedro Pacheco recordó que «Si suben los fondos, hay que elevar los medios de gestión».

La Audiencia también constató que Canarias incumplió la regla de gasto al registrar un crecimiento del gasto computable del 7,6 %, cuando el límite establecido era del 2,6 %. Esta desviación obligará al Gobierno autonómico a elaborar un plan económico-financiero y aplicar las medidas correctoras previstas en la normativa.

Pese a ello, las cuentas públicas cerraron el ejercicio con un superávit de 144 millones de euros, equivalente al 0,25 % del PIB regional, mientras que la deuda autonómica se situó en 5.069 millones de euros.

El informe recoge además el archivo definitivo de la investigación contable relacionada con la compra fallida de mascarillas durante la pandemia, una operación que ocasionó una pérdida de cuatro millones de euros. El procedimiento quedó cerrado después de que ninguna de las partes solicitara su continuación durante el plazo legal de dos años.

Las conclusiones del documento provocaron valoraciones enfrentadas entre los grupos parlamentarios. El diputado socialista Manuel Hernández Cerezo consideró que los datos evidencian carencias en la gestión, la planificación y el control de la actividad económica del Ejecutivo, reflejadas en la baja ejecución de inversiones y fondos europeos y en el cierre del ejercicio con 1.284 millones de euros sin gastar.

Desde Coalición Canaria, José Miguel Barragán defendió que las cuentas muestran avances en liquidez, resultados y sostenibilidad financiera, aunque admitió la necesidad de mejorar aspectos relacionados con el control y la planificación administrativa.

Por su parte, el diputado popular Fernando Enseñat destacó que el gasto ejecutado alcanzó los 7.520 millones de euros, casi mil millones más que en 2022, mientras que Esther González, de Nueva Canarias, calificó el resultado de la gestión autonómica como «muy deficiente», al considerar que el Gobierno contó con más recursos económicos pero empeoró los niveles de ejecución presupuestaria y deberá compensar el incumplimiento de la regla de gasto mediante ajustes futuros.