Las Palmas de Gran Canaria tendrá que esperar para ampliar su red de videovigilancia. La Comisión de Garantías de la Videovigilancia ha frenado la instalación de nuevas cámaras al considerar que los informes aportados por el Ayuntamiento no justifican suficientemente una medida que afecta al derecho a la intimidad.

La decisión se produce pese a que la Policía Local había presentado datos que reflejan un incremento de las incidencias en varias de las zonas donde se pretendía colocar los dispositivos. Entre 2023 y 2024, las infracciones contabilizadas en esos ámbitos crecieron en conjunto alrededor de un 16%, con incrementos especialmente significativos en puntos como Joaquín Costa.

La clave está en el criterio jurídico. La normativa exige que la instalación de cámaras fijas en la vía pública responda a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Es decir, no basta con acreditar que existen problemas de seguridad: debe demostrarse además que la videovigilancia es necesaria y que no existe una alternativa menos invasiva para conseguir el mismo objetivo.

Así, la Comisión no niega que existan incidencias o que hayan aumentado en determinados puntos de la ciudad. Lo que concluye es que, con la documentación presentada, no se justifica suficientemente una grabación permanente del espacio público.

El resultado deja una paradoja sobre la mesa: la Policía aporta más incidencias; la Comisión entiende que todavía no son argumento suficiente para encender nuevas cámaras.