España entra este domingo en una de esas jornadas en las que todo puede seguir igual o cambiar de golpe. Pedro Sánchez afronta unas horas decisivas después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Gobierno, con 172 votos a favor y 178 en contra en el primero y 166 frente a 184 en el segundo. La derrota ha abierto de nuevo la puerta a un adelanto electoral y ha dejado una pregunta flotando sobre La Moncloa: ¿queda margen para reconstruir la mayoría parlamentaria o ha llegado el momento de devolver la palabra a las urnas?

El 29 de noviembre aparece como la primera fecha posible si Sánchez decide disolver inmediatamente las Cortes. Para que ese calendario pueda cumplirse, el decreto de convocatoria tendría que publicarse el martes 6 de octubre. A partir de ahí correrían los 54 días establecidos por la legislación electoral. Pero, a estas horas, no existe convocatoria oficial ni decisión anunciada. RTVE y otros medios sitúan la resolución durante este fin de semana o a comienzos de la próxima semana.

Sánchez conoce bien las situaciones límite. En febrero de 2019, después de que el Congreso rechazara sus Presupuestos, optó por disolver las Cámaras y convocar elecciones para el 28 de abril. Él mismo explicó entonces que, entre continuar sin nuevas cuentas o llamar a los ciudadanos a votar, escogía la segunda posibilidad.

En mayo de 2023 volvió a sorprender. Apenas unas horas después de la derrota socialista en las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, anunció elecciones generales para el 23 de julio. «Asumo en primera persona los resultados», dijo entonces antes de poner fin anticipadamente a la legislatura.

Un año después llegó otro momento excepcional. En abril de 2024, Sánchez canceló durante cinco días su agenda pública para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno después de la apertura de diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez. Finalmente compareció para anunciar que continuaba.

Y en junio de 2025 estalló el caso Santos Cerdán. El entonces secretario de Organización del PSOE dimitió después de que un informe de la UCO lo implicara en un presunto cobro de comisiones. Pese a la gravedad de la crisis política interna, el Gobierno descartó entonces unas elecciones anticipadas.

Pero esta crisis tiene un elemento diferente: ahora el problema está directamente en la aritmética parlamentaria. La caída de los dos decretos no obliga constitucionalmente a Sánchez a convocar elecciones y tampoco supone una pérdida formal de la confianza del Congreso. Sí evidencia, sin embargo, que para dos iniciativas que el Ejecutivo consideraba centrales, los votos que sostuvieron la investidura no alcanzaron.

Ahí reaparece el llamado “Frankenstein”, expresión acuñada en 2016 por el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba para referirse a una hipotética investidura sustentada por partidos de ideologías y objetivos muy diferentes, incluidos nacionalistas e independentistas. Con los años, el término ha sido utilizado recurrentemente por los adversarios de Sánchez para definir la heterogeneidad de sus apoyos parlamentarios.

Ahora esa mayoría vuelve a estar sometida a prueba. Sánchez puede intentar una nueva negociación, reformular las medidas de vivienda y continuar la legislatura buscando apoyos votación a votación. O puede concluir que la fragmentación parlamentaria ha alcanzado un punto que aconseja convocar elecciones. Fuentes y dirigentes consultados por distintos medios sitúan ambas posibilidades sobre la mesa, mientras el presidente analiza también la movilización social producida alrededor de la vivienda.

Las próximas 24 horas pueden despejar la incógnita. El “Frankenstein” puede volver a coserse y prolongar la legislatura o España puede comenzar una campaña electoral con el 29-N marcado en rojo. Lo único seguro esta noche es que la decisión todavía no está tomada públicamente.