La crisis habitacional ha dejado de afectar únicamente a jóvenes que no pueden emanciparse o a familias vulnerables. Una generación de trabajadores de 40, 50 y 60 años descubre que tener empleo, pagar impuestos y cumplir con todas sus obligaciones tampoco garantiza conservar un hogar.

Durante años hemos convertido la vivienda en una sucesión de estadísticas. Precio del metro cuadrado, hipotecas, alquileres, tipos de interés, vivienda vacacional, okupación, grandes tenedores, falta de suelo o zonas tensionadas. Mientras políticos, economistas y tertulianos discutían las cifras, miles de familias hacían algo mucho más sencillo: adaptarse.

Compartir piso durante más tiempo, regresar a casa de los padres, alejarse del lugar de trabajo, renunciar a ahorrar, gastar más en gasolina o aplazar decisiones tan importantes como tener hijos.

Hasta que apareció Maricarmen.

Una mujer de 87 años y con discapacidad abandonando la vivienda madrileña en la que había vivido durante 71 años consiguió poner rostro a algo que llevaba demasiado tiempo delante de nosotros. Su caso no creó el problema de la vivienda. Simplemente hizo imposible seguir mirando hacia otro lado.

Pero existe otra realidad todavía menos visible.

Es la de una mujer de 50 años que trabaja y vive de alquiler con sus hijos. O la de un matrimonio que lleva veinte años levantándose cada mañana, pagando impuestos, colegio, comida, electricidad, seguros, combustible y alquiler, pero que nunca consiguió ahorrar los 40.000 o 50.000 euros necesarios para entrar en una vivienda.

No son pobres en términos estadísticos. Tienen nómina. Quizá ni siquiera pueden acceder a determinadas ayudas.

Y, sin embargo, viven pendientes de una llamada: «Necesito recuperar la vivienda». O de otra frase cada vez más habitual: «Te renuevo, pero son 300 euros más».

Ahí comienza el verdadero drama.

Porque perder una vivienda no significa solamente cambiar cuatro paredes por otras. Puede obligar a cambiar a los niños de colegio, alejarse del trabajo, comprar otro coche, gastar más combustible, perder la ayuda de los abuelos o abandonar el municipio donde una familia ha construido durante años toda su red personal.

La vivienda se ha convertido así en algo mucho mayor que un problema inmobiliario. Es un problema de modelo de sociedad.

España tiene además una contradicción difícil de ignorar. Faltan viviendas donde existe mayor demanda y, al mismo tiempo, millones permanecen vacías en otras partes del país. Las casas, evidentemente, no pueden trasladarse. Una vivienda vacía en Teruel no resuelve el alquiler de una familia en Tenerife.

Por eso quizá llevamos demasiado tiempo intentando solucionar exclusivamente desde las políticas de vivienda algo que también tiene que ver con empleo, transporte, colegios, hospitales, conectividad y concentración de oportunidades.

Habrá que construir, naturalmente. Pero también habrá que preguntarse dónde, cuánto y para quién.

Y Canarias tiene su propia dificultad añadida.

En un territorio limitado, una misma vivienda puede destinarse durante años a una familia, durante meses a trabajadores desplazados o durante días al mercado turístico. Negar que esa competencia influye sobre un parque residencial limitado sería absurdo. Convertir al turismo en el único responsable sería igualmente simplista.

Porque aquí no existe un solo culpable.

Hay falta de vivienda, suelo, lentitud administrativa, vivienda vacacional, alquiler temporal, grandes propietarios, pequeños propietarios, casas cerradas, fiscalidad, salarios insuficientes, problemas de crédito, escaso parque público y una seguridad jurídica permanentemente cuestionada.

Y probablemente uno de los mayores errores haya sido enfrentar al propietario con el inquilino.

El pequeño propietario teme el impago o enfrentarse durante meses a un procedimiento judicial. El inquilino teme una subida imposible de asumir o que simplemente no le renueven el contrato.

¿Por qué uno tiene necesariamente que perder para que gane el otro?

Si existe una familia realmente vulnerable, debe protegerla el Estado. Y si un pequeño propietario alquila una vivienda, también debe tener garantías suficientes para saber que no será él quien termine soportando personalmente el coste de una política social que corresponde al conjunto de la sociedad.

Hay medidas que pueden ayudar. Facilitar financiación para comprar una primera vivienda puede permitir a muchas familias superar la barrera de la entrada. Pero tampoco conviene engañarse: prestar 50.000 euros para comprar una casa de 250.000 soluciona la entrada; no convierte esa vivienda en más barata.

Y si existen diez casas y veinte compradores, conseguir que los veinte tengan financiación no hace aparecer otras diez viviendas.

Ese es el riesgo de seguir colocando escaleras mientras el techo continúa subiendo.

Mientras tanto, la política vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: discutir consigo misma. Decretos, votaciones, bloques, partidos, culpables y estrategias parlamentarias. La vivienda entra en el Congreso y, casi inmediatamente, dejamos de hablar de vivienda para discutir quién derrotó a quién.

Pero fuera del Congreso continúa la misma familia esperando la próxima renovación.

Por eso probablemente no exista una solución única. Habrá que construir, conservar vivienda pública, movilizar inmuebles vacíos donde tenga sentido, ordenar determinados usos turísticos, incentivar fiscalmente el alquiler residencial, proteger al vulnerable y ofrecer seguridad al propietario. Habrá que actuar sobre el crédito, pero también sobre la oferta. Y habrá que aceptar algo todavía más incómodo: los resultados de una política seria de vivienda probablemente necesiten diez o veinte años.

Los decretos pueden parar hemorragias. Y algunas hemorragias necesitan detenerse mañana.

Pero no confundamos el parche con la cura.

La verdadera medida de esta crisis quizá no esté solamente en saber cuánto cuesta hoy un piso en Santa Cruz, Madrid, Las Palmas o Barcelona. Está en preguntarnos cuánta seguridad conserva una persona que ha trabajado durante veinte años, ha pagado todas sus obligaciones y sigue sin saber dónde podrá vivir dentro de doce meses.

Porque una vivienda determina dónde duermen nuestros hijos, a qué colegio acuden, cuánto tardamos en llegar al trabajo, quién puede cuidar de nuestros padres, si podemos ahorrar, tener otro hijo o simplemente envejecer con tranquilidad.

Eso ya no es solamente vivienda.

Eso es cómo vivimos.

Raquel García