Las principales patronales turísticas de Canarias han lanzado una advertencia conjunta ante la posibilidad de avanzar hacia una liberalización generalizada de los usos residenciales dentro de los establecimientos turísticos. FEHT Las Palmas, Ashotel, Asofuer y Asolan consideran que una medida de este tipo podría comprometer seriamente el futuro del sector extrahotelero, con efectos directos sobre el empleo, la actividad económica, los ingresos públicos y la competitividad del destino.

Los empresarios defienden la necesidad de adaptar la normativa a una realidad que ha ido cambiando durante décadas y de ofrecer seguridad jurídica a las situaciones ya consolidadas, pero establecen una diferencia clara entre actualizar el modelo y permitir una transformación indiscriminada de apartamentos turísticos en viviendas. A su juicio, esa evolución acabaría desdibujando la propia naturaleza de muchos complejos.

Las patronales respaldan en este sentido la línea en la que trabaja la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que pretende compatibilizar el reconocimiento de determinados usos residenciales con la continuidad de la actividad turística. Para el sector resulta imprescindible garantizar que los costes de mantenimiento, renovación, servicios y zonas comunes continúen afrontándose de forma conjunta para preservar la calidad de los establecimientos.

El principal argumento económico llega acompañado de cifras de enorme impacto. Estudios del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, expuestos en las jornadas de la Universidad de Verano de Maspalomas de 2024, cifraron en 3.586 millones de euros anuales la pérdida de facturación asociada a la residencialización de inmuebles turísticos en Canarias. A esa cantidad se sumarían 943 millones de euros de merma en la recaudación fiscal y 88.000 puestos de trabajo.

El sector sostiene que la conversión progresiva de plazas turísticas en viviendas no afecta únicamente al propietario de cada unidad. También reduce la capacidad alojativa reglada, dificulta la renovación de los establecimientos y puede comprometer la financiación de servicios e instalaciones comunes. Cuantas más unidades abandonen la actividad turística, advierten, más complicado será mantener los estándares que exige un destino competitivo.

FEHT, Ashotel, Asofuer y Asolan rechazan por ello una reforma que, en la práctica, termine suponiendo una liberalización general del uso residencial dentro de los complejos turísticos. Sí consideran necesario estudiar las situaciones particulares y los procedimientos sancionadores existentes, pero entienden que la solución no puede consistir en extender hacia el futuro el uso residencial de inmuebles concebidos originalmente para el alojamiento turístico.

Las patronales recuerdan además que los propietarios capaces de acreditar un uso residencial anterior al 1 de enero de 2017 pueden mantenerlo en los términos establecidos legalmente. El planteamiento empresarial pasa así por proteger las situaciones consolidadas sin abrir una vía que, con el paso del tiempo, pueda reducir todavía más el peso del sector extrahotelero en Canarias.