El PSOE defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva desde 2019 desarrollando una política continuada en materia de vivienda y rechaza la idea de que el Ejecutivo haya comenzado ahora a preocuparse por uno de los principales problemas de los españoles.

El balance incluye la reforma de los alquileres de 2019, que amplió los contratos mínimos a cinco años para particulares y siete para empresas; las medidas extraordinarias aprobadas durante la pandemia para proteger a hogares vulnerables; el impulso del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, con un objetivo de 100.000 viviendas; y la limitación extraordinaria de las actualizaciones de determinados alquileres durante la crisis inflacionista.

El gran salto legislativo llegó en 2023 con la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que introdujo las zonas de mercado residencial tensionado, nuevas medidas de protección para los inquilinos y herramientas destinadas a incrementar el parque público.

Desde entonces, la aplicación de la norma ha estado marcada por el enfrentamiento político y competencial. Varias comunidades autónomas recurrieron distintos aspectos ante el Tribunal Constitucional y gobiernos regionales del PP rechazaron utilizar herramientas como la declaración de zonas tensionadas.

A estas medidas se sumaron posteriormente los 2.500 millones de euros en avales ICO para facilitar la compra de primera vivienda a jóvenes y familias con menores, otros 200 millones para el Bono Alquiler Joven y la puesta en marcha del registro estatal para controlar los alquileres turísticos y de temporada.

En 2026, el Ejecutivo aprobó además un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dotado con 7.000 millones de euros, destinado a construcción y adquisición de vivienda, rehabilitación y políticas sociales.

El último choque llegó este viernes 2 de octubre, cuando el Congreso rechazó los dos nuevos decretos de vivienda planteados por el Gobierno.

El PSOE sostiene que buena parte de su política ha encontrado la oposición constante de PP y Vox y, en la última votación, también de Junts. La oposición, por su parte, cuestiona la eficacia de las medidas y acusa al Ejecutivo de intervencionismo y de no haber conseguido resolver el fuerte encarecimiento de la vivienda.

Tras ocho años, el Gobierno puede exhibir un amplio paquete legislativo, ayudas y financiación. Otra cuestión distinta es el resultado material: cuántas viviendas públicas se han iniciado y, especialmente, cuántas se han terminado realmente y han pasado a formar parte del parque público disponible.