La Fundación Puertos de Las Palmas afronta sus horas más delicadas tras la decisión de Puertos del Estado de exigir su liquidación y poner en duda diversos aspectos relacionados con su funcionamiento interno. La medida, trasladada durante las últimas reuniones de los órganos de gobierno de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, abre un nuevo frente institucional en torno a una entidad que durante años ha desarrollado actividades de promoción económica, formación y proyección internacional vinculadas al recinto portuario.

Según la información conocida, Puertos del Estado considera que existen dudas sobre el encaje jurídico de la fundación dentro de la estructura pública portuaria actual y cuestiona algunos procedimientos relacionados con la contratación de personal directivo y determinados servicios externos. Estas observaciones han provocado un intenso debate entre los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

La controversia no se limita únicamente al futuro de la fundación. También afecta a la forma en la que se han gestionado algunos de sus recursos y actividades en los últimos años, generando discrepancias entre representantes políticos, empresariales y portuarios. Mientras algunos consejeros defienden la utilidad de la entidad como instrumento de promoción económica y social, otros consideran necesario revisar en profundidad su funcionamiento y adecuarlo a los criterios exigidos por Puertos del Estado.

La posible liquidación supondría el cierre de una etapa para una fundación que ha participado en numerosos proyectos relacionados con la actividad marítima, la innovación y la formación profesional vinculada al sector portuario. Ahora será el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria el que deba analizar los informes y adoptar las decisiones oportunas sobre el futuro de la entidad.