El presidente asegura que el Gobierno trabaja «contrarreloj» para llevar la norma de vivienda al próximo Consejo de Ministros. Mientras tanto, unas 500 personas mantienen la protesta en la Puerta del Sol y se abre otro frente: fuentes policiales sostienen que el desalojo corresponde a la Policía Municipal, mientras Ayuntamiento y Comunidad de Madrid señalan a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional.

Pedro Sánchez ha puesto fecha al siguiente movimiento del Gobierno en la crisis abierta por el desahucio de Maricarmen. El presidente del Ejecutivo aseguró este domingo que están trabajando «contrarreloj» para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un real decreto ley en materia de vivienda y pidió a los grupos parlamentarios «un último esfuerzo» para conseguir posteriormente su convalidación en el Congreso.

Sánchez respondió directamente a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada esta semana de la vivienda madrileña en la que había residido durante más de siete décadas. La afectada había reclamado públicamente al presidente que el denominado «decreto Maricarmen» llegara este martes al Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo recogió el guante durante un acto del PSOE en Getafe y confirmó que su Gobierno trabaja para que la norma pueda llegar a esa reunión.

El texto que finalmente apruebe el Ejecutivo todavía es objeto de negociación. El Sindicato de Inquilinas ha planteado su propio «decreto Maricarmen», con medidas que incluyen mayores protecciones frente a los desahucios y la renovación automática de determinados contratos, mientras que Sumar lleva días presionando al ala socialista del Gobierno para que la norma salga adelante y reclamó además abordar la situación concreta de la vivienda de Maricarmen.

La presión ya no está únicamente dentro del Gobierno ni del Congreso. La Puerta del Sol se ha convertido este domingo en el epicentro de la protesta por la vivienda. Después de la manifestación del sábado, alrededor de 500 personas pasaron la noche en la plaza, según los datos trasladados por la Delegación del Gobierno, y centenares de manifestantes continúan allí con tiendas de campaña reclamando medidas inmediatas.

Y alrededor de esa acampada se ha abierto una segunda batalla, esta vez entre administraciones, sobre quién tiene la competencia para proceder a un eventual desalojo.

Según fuentes policiales citadas por Vozpópuli, la Policía Nacional considera que el desmantelamiento de este tipo de asentamientos corresponde a la Policía Municipal de Madrid y, por tanto, al Ayuntamiento. Esas mismas informaciones señalan que la acampada instalada tras la manifestación no había sido comunicada previamente a la Delegación del Gobierno.

El Ayuntamiento de Madrid sostiene justamente lo contrario. El Consistorio acusa a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de «dejación de funciones» y considera que corresponde al Estado actuar en una situación vinculada directamente con una manifestación y con el mantenimiento del orden público. Además, asegura que cuando comenzaron a instalarse los asentamientos, las unidades de Policía Nacional desplegadas en la zona se retiraron.

El Ayuntamiento ha reclamado a la Delegación del Gobierno que «reponga cuanto antes» la normalidad en la Puerta del Sol y utiliza además como precedente las protestas del 15M de 2011, recordando que entonces los desalojos fueron organizados y coordinados desde la Delegación del Gobierno.

La Comunidad de Madrid se ha situado junto al Ayuntamiento en esta disputa competencial. El Ejecutivo regional acusa a Interior de haber permitido la acampada y de «lavarse las manos» al plantear que sea la Policía Municipal quien intervenga. Fuentes de la Comunidad sostienen que las competencias corresponden a la Policía Nacional, una interpretación que choca frontalmente con la trasladada por las fuentes policiales sobre la responsabilidad municipal.

Así, el caso Maricarmen llega al inicio de la semana con dos frentes simultáneos. Por un lado, Sánchez intenta cerrar los apoyos necesarios para llevar el martes al Consejo de Ministros su decreto de vivienda. Por otro, la protesta permanece instalada en el corazón de Madrid mientras Gobierno central, Ayuntamiento y Comunidad mantienen posiciones enfrentadas sobre qué administración debe actuar ante la acampada de Sol.