La Puerta del Sol sigue convertida en el epicentro de la protesta por la vivienda. La acampada impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos se mantiene este martes en pleno centro de Madrid pese a las medidas aprobadas por el Gobierno, que no han satisfecho las principales reivindicaciones de los manifestantes.

La movilización nació tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, después de más de siete décadas residiendo en la misma vivienda. Su caso actuó como detonante de una manifestación que reunió a unas 25.000 personas según la Delegación del Gobierno y desembocó en la instalación de centenares de tiendas de campaña en Sol. Durante la mañana de este martes, las organizaciones convocantes cifraban en alrededor de un millar las personas que habían pasado allí la tercera noche.

El acuerdo alcanzado para que Maricarmen pueda regresar a su vivienda tampoco ha puesto fin a la protesta. Los acampados reclaman medidas estructurales y mantienen entre sus principales exigencias la renovación automática de los contratos de alquiler, la paralización de los desahucios cuando no exista alternativa habitacional, actuaciones contra los contratos considerados fraudulentos y la congelación de los precios mientras persista la emergencia de vivienda.

La tensión política aumenta además alrededor de la propia acampada. La Comunidad de Madrid ha requerido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que proceda a su disolución en un plazo de 48 horas, al considerar que se trata de una acampada ilegal que está provocando perjuicios a comerciantes y vecinos. El Ejecutivo autonómico advierte incluso de posibles acciones judiciales si no se actúa.

Quince años después del 15-M, las imágenes de tiendas de campaña abarrotando nuevamente la Puerta del Sol recuperan inevitablemente aquel recuerdo. Esta vez, la vivienda es el combustible de una protesta que, lejos de apagarse con las primeras decisiones políticas, amenaza con prolongarse y elevar todavía más la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.