El Gobierno prepara la aprobación de un real decreto que abrirá la puerta a la regularización de cerca de 500.000 inmigrantes sin papeles en España, en la mayor medida de este tipo desde 2004. La iniciativa busca aflorar empleo, reforzar cotizaciones y dar encaje legal a quienes ya viven y trabajan en la economía sumergida.

Pero el movimiento llega en un contexto de fuerte tensión política, con la oposición denunciando un posible “efecto llamada” y dudas sobre la capacidad administrativa para gestionar el aluvión de solicitudes.