El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la emancipación de la juventud canaria. Solo el 15,4% de las personas de entre 16 y 29 años residentes en el Archipiélago vivía fuera del hogar familiar en 2025, un punto porcentual menos que el año anterior, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. La situación coincide con unos precios del alquiler que obligarían a una persona joven asalariada a destinar el 126,5% de su sueldo mensual a pagar una vivienda en solitario.

El Consejo de la Juventud de Canarias ha alertado de las dificultades que afronta la población joven para desarrollar un proyecto de vida autónomo y ha reclamado a las administraciones públicas medidas concretas en materia de vivienda y empleo. De acuerdo con los datos del informe, 56.747 jóvenes de entre 16 y 29 años estaban emancipados en las Islas, un 1,6% menos que en 2024.

La evolución refleja un retroceso a largo plazo. La tasa de emancipación juvenil, que se situaba en torno al 30% entre 2007 y 2009, representa ahora aproximadamente la mitad. La combinación del encarecimiento de la vivienda, los ingresos insuficientes y las dificultades para acceder a empleos de calidad limita las posibilidades de independencia residencial.

La presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias, Eliana Parrilla, ha advertido de que “los datos vuelven a demostrar que emanciparse se ha convertido en un desafío enorme para la juventud canaria. No hablamos únicamente de poder salir del hogar familiar, sino de tener la posibilidad de construir un proyecto de vida propio con estabilidad, autonomía y unas condiciones dignas”.

Parrilla ha reclamado políticas sostenidas que permitan ampliar el acceso a viviendas asequibles y mejorar las condiciones laborales. “No podemos normalizar que una persona joven que trabaja tenga que dedicar más de lo que gana a pagar un alquiler. Necesitamos medidas concretas y sostenidas, no promesas: vivienda asequible, mejores condiciones laborales y políticas públicas que respondan a la realidad que vivimos”, ha señalado.

El alquiler de una vivienda libre alcanzó una renta mediana de 1.224 euros mensuales en Canarias a finales de 2025, tras aumentar un 8,5% en un año. Por provincias, el precio ascendía a 1.208 euros en Santa Cruz de Tenerife y a 1.232 euros en Las Palmas, cantidades que superan ampliamente la capacidad adquisitiva de una persona joven que pretenda vivir sola.

La alternativa de compartir piso tampoco elimina las dificultades económicas. En las capitales provinciales, el alquiler mediano de una habitación se situaba en 410 euros mensuales en Santa Cruz de Tenerife y en 400 euros en Las Palmas de Gran Canaria. Estos importes equivalen al 42,4% y al 41,3% del salario de una persona joven asalariada, respectivamente.

La compra de una vivienda también queda fuera del alcance de buena parte de este colectivo. El precio medio de la vivienda libre en Canarias llegó a 214.610 euros, un 13,5% más que un año antes. La vivienda libre nueva alcanzó los 238.850 euros y la de segunda mano, los 214.210 euros, mientras que la vivienda protegida registró un precio medio de 120.430 euros.

Según el Observatorio, una persona joven asalariada tendría que dedicar el 85,2% de su salario al coste de acceso a una vivienda libre en propiedad mediante financiación hipotecaria. Además, necesitaría reunir previamente 64.383 euros para la entrada, una cantidad equivalente a 5,5 años de su salario anual íntegro. El informe sitúa en 2.748 euros netos mensuales los ingresos necesarios para adquirir una vivienda libre.

La dificultad para emanciparse se produce en un contexto de vulnerabilidad económica que afecta al 32,4% de la población canaria de entre 16 y 29 años, en riesgo de pobreza o exclusión social durante 2025. El porcentaje supera el 23,6% registrado entre las personas de 30 a 34 años.

Por sexo, el riesgo de pobreza o exclusión social alcanza al 34,3% de los hombres jóvenes y al 30,5% de las mujeres. La incidencia también varía según el nivel educativo: afecta al 79,6% de quienes tienen estudios primarios o inferiores y al 22% de quienes cuentan con estudios superiores.

Tener empleo tampoco garantiza escapar de la precariedad. El 25,6% de la población joven ocupada se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que aumentaba al 39,8% entre las personas inactivas. Además, el informe refleja que, entre la juventud emancipada, la tasa de pobreza pasaría del 25,8% al 39,7% si se eliminara el efecto de las prestaciones sociales recibidas.

En el ámbito laboral, Canarias registró en 2025 una tasa de empleo juvenil del 47,6%, con 168.115 personas ocupadas de entre 16 y 29 años. El desempleo se situó en el 17,8%, ligeramente por encima de la media estatal del 17,2%, aunque descendió dos décimas respecto al ejercicio anterior.

El 70% de las personas jóvenes asalariadas tenía un contrato indefinido, tras crecer esta modalidad un 19,8% interanual. Sin embargo, el 30% continuaba trabajando con contratos temporales, porcentaje que alcanzaba el 35,6% entre quienes tenían de 16 a 24 años. Entre los trabajadores temporales jóvenes, el 41,5% desconocía la duración de su contrato, aunque sabía que superaba un mes.

A estas dificultades se suma que 46.352 jóvenes, el 13,1% de la población de entre 16 y 29 años, no estudiaban ni trabajaban en 2025. Asimismo, el 5,6% llevaba al menos doce meses en situación de desempleo, frente al 3,8% de la media estatal.

El nivel educativo también condiciona las oportunidades laborales. Aunque siete de cada diez jóvenes canarios habían alcanzado estudios secundarios postobligatorios o superiores, el abandono educativo temprano se situó en el 15,9%, por encima del 12,8% estatal. Canarias fue la segunda comunidad autónoma con mayor tasa en este indicador, solo por detrás de la Región de Murcia.

Además, el 46,5% de las personas jóvenes ocupadas con estudios superiores que ya no continuaban formándose estaba sobrecualificado para su puesto de trabajo. El 28,9% de la población joven ocupada compatibilizaba estudios y empleo, una situación más frecuente entre las mujeres, con un 35%, que entre los hombres, con un 23,1%.

Las posibilidades de emancipación también presentan diferencias según la edad. Solo el 7,6% de las personas de entre 16 y 24 años vivía fuera del hogar familiar, frente al 27,7% de quienes tenían entre 25 y 29 años. Entre las mujeres de 16 a 29 años, la tasa de emancipación era del 17,2%, frente al 13,6% de los hombres.

Por provincias, el 15% de la población joven de Las Palmas estaba emancipada a finales de 2025, frente al 13,2% de Santa Cruz de Tenerife. La evolución anual fue desigual: la tasa aumentó más de cinco puntos porcentuales en Las Palmas y descendió casi en la misma proporción en Santa Cruz de Tenerife.

La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Sara Villodre, ha reclamado que las políticas de vivienda, empleo y protección social se coordinen para ofrecer alternativas reales a la juventud. “La juventud necesita condiciones materiales que le permitan decidir sobre su futuro sin que el precio de la vivienda determine todas sus oportunidades. No podemos hablar de igualdad de oportunidades si independizarse depende de los recursos económicos de la familia o de asumir un esfuerzo financiero inasumible”, ha afirmado.

Villodre ha defendido también medidas para ampliar la oferta de vivienda asequible y facilitar que las personas jóvenes puedan desarrollar sus proyectos vitales con estabilidad económica y autonomía.