Una jueza de Arrecife (Lanzarote) ha solicitado a los ministerios españoles de Justicia y Asuntos Exteriores que exploren vías de cooperación con Marruecos, Mali, Burkina Faso y Guinea para que una presunta violación grupal denunciada a bordo de una embarcación con destino a Canarias pueda ser investigada, después de que España haya determinado que carece de competencia para juzgar los hechos.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la magistrada Mercedes Gutiérrez acuerda archivar el procedimiento en España, pero insta a valorar «la eventual participación de Marruecos, Mali, Burkina Faso o Guinea en un futuro procedimiento penal» contra los tres hombres denunciados.

La resolución contempla a Marruecos porque la embarcación partió de ese país, a Mali y Burkina Faso por ser los lugares de origen de los tres investigados y a Guinea por ser el país de nacionalidad de la denunciante.

Los hechos se remontan al pasado 16 de septiembre, cuando Salvamento Marítimo rescató una lancha neumática a unos 131 kilómetros al nordeste de Lanzarote con 82 migrantes africanos a bordo. Tras llegar a tierra, una mujer guineana denunció haber sufrido una agresión sexual por parte de dos hombres malienses y otro burkinés durante la travesía. Según la información del caso, su relato fue corroborado por un testigo directo.

La Policía Nacional detuvo a los tres hombres el 19 de septiembre y los investigados ingresaron en prisión provisional. Sin embargo, quedaron en libertad cinco días después, tras advertir la Fiscalía de que los tribunales españoles no tenían competencia para juzgarlos.

El ministerio público fundamentó su posición en que los hechos habrían ocurrido en aguas internacionales, a bordo de una embarcación sin pabellón, y que ni la denunciante ni los denunciados tienen nacionalidad española.

La magistrada también examinó la posibilidad de aplicar el Convenio de Estambul, que contempla supuestos en los que los Estados firmantes pueden ejercer jurisdicción sobre determinados delitos de violencia contra las mujeres cometidos en el extranjero. No obstante, concluyó que no cabe presumir que los investigados residan habitualmente en España por el mero hecho de haber llegado al país en una patera pocos días antes.

En su resolución, la jueza recuerda que Marruecos dispone de un convenio de cooperación penal con España que permitiría al Ministerio de Justicia trasladar la denuncia a las autoridades marroquíes. Para Mali, Burkina Faso y Guinea, plantea que los ministerios españoles competentes determinen los mecanismos adecuados para comunicar los hechos y promover la cooperación internacional.

El auto ordena asimismo conservar los informes médicos, la documentación y los testimonios recopilados durante la investigación en Lanzarote, por si pudieran resultar útiles en un eventual procedimiento penal en alguno de los cuatro países.

La Fiscalía, en el informe que motivó la puesta en libertad de los tres investigados, también planteó la conveniencia de que las Cortes Generales estudien una reforma legislativa para ampliar los supuestos en los que España puede perseguir delitos cometidos en aguas internacionales a bordo de embarcaciones migratorias con destino a sus costas.

Actualmente, en circunstancias como las de este caso, la jurisdicción española puede actuar contra delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración ilegal y contra determinados hechos derivados de esa actividad, como los fallecimientos por sed o ahogamiento que puedan calificarse como homicidio por imprudencia.