El Parlamento de Canarias ha dejado este miércoles una de esas imágenes de consenso que no siempre son habituales en la política autonómica. Todos los grupos de la Cámara respaldaron por unanimidad una Proposición No de Ley impulsada por el PSOE para facilitar que alrededor de 10.700 familias canarias puedan acceder a la propiedad de las viviendas protegidas en las que llevan residiendo durante décadas en régimen de alquiler con opción de compra.

La iniciativa, registrada por el Grupo Socialista y defendida en el pleno por su portavoz, Sebastián Franquis, reclama el cumplimiento del Decreto 1/2023 y afecta a viviendas de titularidad del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y de Visocan. Muchos de los contratos se remontan a hace aproximadamente tres décadas.

El resultado de la votación permitió que las diferencias habituales entre Gobierno y oposición quedaran en segundo plano. Coalición Canaria y Partido Popular, formaciones que sostienen al Ejecutivo autonómico, respaldaron la propuesta socialista, al igual que el resto de los grupos parlamentarios. De esta manera, la vivienda consiguió reunir a toda la Cámara alrededor de una medida concreta destinada a dar una salida a miles de familias.

El texto aprobado exige ahora al Gobierno de Canarias que identifique y publique en un plazo máximo de tres meses las viviendas que pueden acogerse al procedimiento de acceso a la propiedad. También reclama una partida presupuestaria específica que permita financiar las bonificaciones correspondientes a las viviendas de Visocan y hacer viable económicamente el proceso de compraventa.

El consenso no evitó que durante el debate aparecieran diferencias sobre cómo ejecutar la medida. Coalición Canaria, a través de la diputada Socorro Beato, planteó la necesidad de resolver las consecuencias fiscales que pueden afectar especialmente a las viviendas de Visocan. Franquis aceptó parcialmente una enmienda de CC y el texto terminó obteniendo el respaldo de toda la Cámara.

La votación deja así una lectura política poco frecuente: una iniciativa nacida desde la oposición socialista acabó siendo asumida también por los partidos del Gobierno y por el conjunto del Parlamento. En plena confrontación política y con la vivienda convertida en uno de los principales asuntos de la agenda canaria, la PNL demuestra que existen materias en las que los grupos pueden alcanzar acuerdos cuando el objetivo concreto concita un respaldo común.

Ahora comienza la parte decisiva: transformar esa unanimidad parlamentaria en procedimientos administrativos y soluciones efectivas para las 10.700 familias que esperan poder convertirse definitivamente en propietarias de las viviendas que ocupan desde hace años.