Coalición Canaria ha defendido en el Parlamento de Canarias el derecho de las familias que llevan décadas residiendo en viviendas protegidas a poder acceder finalmente a la propiedad de sus casas, pero exige que el procedimiento se complete con seguridad jurídica, igualdad de trato y sin trasladar a los adjudicatarios nuevas cargas fiscales.

La portavoz adjunta del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, intervino durante el debate de la Proposición No de Ley presentada por el PSOE sobre el cumplimiento del Decreto 1/2023 y recordó especialmente la situación de quienes llevan cerca de treinta años pagando sus alquileres y esperando obtener las escrituras de sus viviendas. «Es un derecho y no vamos a permitir que nadie se lo quite», afirmó.

Beato aseguró que el decreto se está aplicando y que ya se han realizado cuatro ofrecimientos, pero advirtió de una diferencia jurídica que debe resolverse antes de culminar determinadas operaciones. El ICAVI es una administración pública, mientras que Visocan es una sociedad mercantil, una circunstancia que puede provocar consecuencias fiscales distintas para unas familias y otras.

Según expuso la diputada, ejecutar las transmisiones sin resolver previamente esta cuestión podría suponer para algunos adjudicatarios el pago de IGIC, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o plusvalías, generando además un agravio comparativo entre los inquilinos de viviendas del ICAVI y los de Visocan.

«No queremos que estas familias paguen de más. Tienen los mismos derechos y queremos para todas ellas un tratamiento igualitario y seguro», recalcó Beato.

El PSOE aceptó además la enmienda de Coalición Canaria dirigida a continuar tramitando y resolver los expedientes de acceso a la propiedad ya iniciados tras los ofrecimientos de venta realizados por el ICAVI y Visocan, incluyendo resoluciones expresas y motivadas en aquellos casos en los que actualmente opera el silencio administrativo.

Coalición Canaria sostiene que el objetivo no es frenar las ventas, sino garantizar que las familias puedan convertirse en propietarias sin encontrarse después con costes fiscales inesperados.