Amnistía Internacional ha denunciado presuntos episodios de torturas, malos tratos y vejaciones cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada a finales de julio, así como una situación de falta de alimentos y asistencia sanitaria adecuada.
La organización ha trasladado las conclusiones de una investigación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quienes reclama «acciones urgentes» para garantizar ayuda humanitaria, una acogida digna y atención especializada para los menores que se encuentren en situación de riesgo.
El informe se basa en una visita realizada por Amnistía Internacional a la ciudad autónoma entre el 10 y el 15 de septiembre, durante la que sus representantes entrevistaron a más de 65 migrantes y mantuvieron reuniones con organizaciones, la Fiscalía y representantes del Gobierno de Ceuta. La ONG sitúa en unas 80.000 las personas que accedieron irregularmente a la ciudad los días 30 y 31 de julio.
Entre los hechos documentados figuran lesiones que, según la organización, serían compatibles con golpes propinados con porras reglamentarias, incluidos impactos en la cabeza. Amnistía también recoge denuncias de insultos, amenazas para que los migrantes abandonen Ceuta, impedimentos para dormir durante la noche y restricciones para desplazarse durante el día.
La ONG asegura haber recogido testimonios sobre otras prácticas que considera degradantes, como obligar a personas musulmanas a arrodillarse para besar una cruz cristiana o retirarles la comida cuando se niegan a cumplir determinadas órdenes.
«Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén», relata uno de los jóvenes entrevistados, según el informe. La organización afirma que pudo comprobar las marcas que presentaba en las muñecas.
Otro joven marroquí aseguró a la ONG que llevaba 25 días sin poder caminar después de que un militar lo empujara desde una altura considerable. Según su relato, el episodio se produjo cuando él y otros migrantes dormían en las inmediaciones de la Ermita de San Antonio y fueron despertados y hostigados por un grupo de militares.
Amnistía sostiene además que los migrantes sufren un «hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba que parece perseguir el desgaste». La organización afirma que se producen identificaciones por parte de militares que dificultan el acceso al centro de la ciudad y a comercios y supermercados.
Durante su visita, integrantes de la ONG aseguran haber presenciado cómo militares se acercaron a varias personas racializadas que estaban sentadas en un banco próximo al centro para preguntarles «si eran de aquí» y ordenarles que se marcharan. Cuando los investigadores preguntaron por el motivo de la actuación, aseguran que recibieron como respuesta: «Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos».
La situación denunciada se extiende también a la atención sanitaria y alimentaria. Según Amnistía, los migrantes reciben una única comida diaria y algunos deben desplazarse durante horas y esperar colas de más de tres horas bajo el sol para acceder a ella. La asistencia médica se presta simultáneamente en otro lugar, lo que, según la organización, obliga en ocasiones a elegir entre recibir alimentos o ser atendidos por heridas y enfermedades.
El informe recoge asimismo testimonios sobre supuestos comentarios racistas y xenófobos en centros sanitarios. Algunos migrantes aseguran haber sido llamados «invasores» y haber tenido que permanecer en el exterior de los servicios de urgencias en lugar de acceder a las salas de espera, incluso cuando presentaban heridas abiertas en la cabeza o se trataba de menores.
Amnistía alerta también de que cientos de mujeres y menores que se encuentran sin referentes adultos continúan durmiendo en la calle o en asentamientos informales, sin acceso a duchas ni aseos. Algunos menores han contado a la organización que acuden casi diariamente a la Policía para solicitar protección, pero que son rechazados y derivados a entidades locales que, según la ONG, se encuentran al límite de su capacidad.
La organización sitúa estas denuncias en un contexto que califica de creciente «deshumanización» de las personas migrantes y de intensificación de los discursos de odio. Según Amnistía, durante su investigación pudo comprobar que la retórica estigmatizante también alcanza a quienes prestan ayuda a los migrantes o cuestionan esos discursos, y cita los ataques contra los activistas de Luna Blanca y No Name Kitchen.
La propia delegación de Amnistía Internacional asegura haber sido identificada por la Policía durante su visita y haber recibido insultos y hostigamiento de un grupo de militares que patrullaba cerca de un hospital el 11 de septiembre. Según el informe, uno de ellos les espetó: «Perroflautas, ¡A chuparla!».