El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado, por el momento, ordenar de forma inmediata el desalojo de la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol, tal y como había solicitado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La sección sexta de lo Contencioso-Administrativo considera que existen «circunstancias de especial urgencia», pero sostiene que no puede resolver la petición «con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado», según recoge el auto dictado este lunes.

El tribunal ha dado a la Delegación del Gobierno hasta el próximo miércoles a las 9:00 horas para presentar sus alegaciones, un plazo que ha reducido debido a «las concretas circunstancias» del caso.

Los magistrados han tenido en cuenta la posible afectación del derecho de reunión de las personas que permanecen acampadas y las consecuencias que tendría una eventual decisión de desalojo. En particular, advierten de la posibilidad de que fuese necesario recurrir a «medidas de compulsión física» por parte de las Fuerzas de Seguridad si los participantes se negasen a abandonar la plaza.

La resolución recuerda además que las actuaciones dirigidas a mantener o restablecer la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones deben ser «graduales y proporcionadas a las circunstancias» y que «la disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso».

El Ejecutivo madrileño había acudido a los tribunales después de que la Delegación del Gobierno, según su versión, no atendiera su petición de ordenar a la Policía Nacional el desalojo de la acampada, que la Comunidad considera una «ilegal ocupación del espacio público».

Entre los argumentos planteados por el Gobierno autonómico figuraban también los daños que, según afirmó, se habían producido en la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña, y en la estatua del Oso y el Madroño. La Comunidad alegó asimismo perjuicios para el turismo y el comercio, problemas de higiene y alteraciones de actos previstos para el 12 de octubre.

Antes de presentar el recurso, el Ejecutivo de Ayuso había enviado un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el que le reprochaba su «inacción» y le concedía 48 horas para proceder al desalojo.

Martín respondió entonces que la Delegación estaba «desarrollando las actuaciones que resultan procedentes» y defendió que la acampada muestra «pleno respeto al ordenamiento jurídico».