Mari Brito sitúa el acceso a una casa como uno de los principales factores de cronificación de la pobreza en Canarias y reclama limitar precios, declarar zonas tensionadas y acelerar la vivienda pública.
La vivienda vuelve a colocarse en el centro del problema social de Canarias. La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, advirtió este martes en el Parlamento de Canarias de que el precio de los alquileres se ha convertido en un factor directo de vulnerabilidad y cronificación de la pobreza, especialmente entre las familias con menores.
Brito puso cifras al problema: ya se encuentran habitaciones por 600 euros mensuales incluso en municipios no capitalinos y viviendas completas que rondan los 1.000 euros al mes. Una cantidad prácticamente imposible de asumir para hogares que ingresan alrededor de 1.400 euros, habituales, según explicó, entre trabajadores de limpieza, ayuda a domicilio u hostelería.
La presidenta de la Fecam considera que, si los salarios no suben y los alquileres no bajan, la situación corre el riesgo de “cronificarse”. Por ello defendió la regulación de precios y que el Gobierno de Canarias desarrolle la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
Los municipios reclaman además acelerar la construcción de vivienda pública. Brito advirtió de que Canarias no puede esperar dos o tres años a que finalicen nuevas promociones mientras muchas familias atraviesan ya graves dificultades para encontrar una casa a un precio asumible. También recordó que los ayuntamientos han cedido suelo y cuentan con proyectos preparados.
La Fecam se mostró igualmente favorable a estudiar limitaciones a la compra de vivienda por extranjeros, especialmente en las islas donde este fenómeno tiene mayor incidencia, y reclamó financiación suficiente para que los ayuntamientos puedan afrontar las inspecciones derivadas de la vivienda vacacional.
La vivienda se come prácticamente un sueldo
El diagnóstico encuentra respaldo en otros datos oficiales recientes. A finales de 2025, el alquiler medio de una vivienda libre en Canarias alcanzaba los 1.176 euros mensuales, equivalente al 98,7% del salario individual de una persona joven asalariada. Incluso para una unidad de convivencia, el esfuerzo necesario llegaba al 45,3% de los ingresos, muy por encima del umbral del 30% utilizado habitualmente como referencia de asequibilidad.
La advertencia de los municipios es clara: el problema de la vivienda ya no afecta únicamente a las capitales ni a las familias sin ingresos; empieza a expulsar del mercado a hogares que trabajan y cobran un salario.