La Sareb ha dado marcha atrás. La sociedad conocida como el ‘banco malo’, controlada mayoritariamente por el Estado con un 50,14% de su accionariado a través del FROB, solicitó finalmente la suspensión del desahucio de ocho familias de un edificio de la calle Nicolás Estévanez, en Las Palmas de Gran Canaria.

La decisión llega después de una prolongada presión social y vecinal, con la plataforma Derecho al Techo acompañando a las familias, informes de vulnerabilidad presentados y nuevos intentos de lanzamiento. Este miércoles, alrededor de un centenar de personas volvió a concentrarse ante el inmueble para reclamar que los afectados permanecieran en sus viviendas.

Sareb había impulsado el procedimiento y, a última hora, pidió al juzgado que lo paralizara para estudiar la situación de cada familia y negociar posibles alquileres sociales. Entre los residentes hay menores, personas mayores y personas dependientes.

El matiz resulta especialmente relevante: no hablamos únicamente de un gran propietario privado ni de un fondo de inversión. Hablamos de una sociedad cuyo control está en manos del sector público. Y ha sido después de la movilización y de la presión acumulada cuando Sareb ha optado por detener el lanzamiento y abrir una vía de negociación.