Este jueves concluye el plazo concedido por el Tribunal Supremo para que las partes presenten sus alegaciones sobre la inclusión en el censo electoral de españoles nacionalizados al amparo de la denominada Ley de Nietos, recogida en la Ley de Memoria Democrática.

A partir de ahí, el Alto Tribunal deberá decidir si mantiene o levanta la suspensión cautelar que afecta a determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

La resolución tendrá impacto directo sobre el número de personas con derecho efectivo a participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. No está en discusión la nacionalidad de estos ciudadanos, sino su incorporación al censo electoral para estos comicios.

Por eso, el jueves se presenta como una jornada clave: una vez cerradas las alegaciones, el Supremo tendrá en sus manos una decisión que puede modificar el número de electores llamados a las urnas el 29-N.