El PSOE y el Frente Amplio acuerdan candidaturas conjuntas mientras Vox estudia facilitar la concentración del voto en el PP. La Cámara Alta propone a cuatro magistrados y necesita una mayoría de tres quintos para elegirlos

La batalla electoral también se juega en el Senado. Aunque el Congreso decide la investidura del presidente del Gobierno, la Cámara Alta tiene una atribución que explica buena parte de las negociaciones entre partidos: proponer a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional.

Ese poder convierte sus escaños en una pieza estratégica. No basta con ganar las elecciones ni con alcanzar la mayoría absoluta: los nombramientos requieren el respaldo de tres quintos de los senadores. Si ningún bloque llega a ese umbral, deberá buscar acuerdos con otras fuerzas.

Con ese escenario, el PSOE y distintas formaciones del Frente Amplio han acordado candidaturas conjuntas bajo la denominación Senado de Progreso en buena parte del territorio. Su objetivo es concentrar apoyos, disputar al PP su mayoría y evitar que la derecha pueda decidir los nombramientos sin negociar con ellos.

En el otro bloque, Vox estudia no presentar candidatos en determinadas provincias para facilitar la concentración del voto en el PP. Esa posibilidad todavía debe concretarse y no equivale a una coalición electoral cerrada entre ambos partidos.

La razón de estas estrategias está en el sistema electoral. En las circunscripciones provinciales peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector puede marcar hasta tres candidatos. Los cuatro más votados consiguen el escaño. Habitualmente, la fuerza ganadora obtiene tres representantes y la segunda uno, aunque ese resultado no está garantizado.

Competir por separado puede penalizar a partidos cuyos votantes comparten un mismo espacio político. Una candidatura común busca reunir esos apoyos en los mismos nombres y superar al adversario. Por eso pueden pactar para el Senado formaciones que mantienen candidaturas diferentes al Congreso.

El trasfondo institucional es la renovación pendiente de cuatro magistrados del Constitucional, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Los puestos que deben renovarse corresponden a dos integrantes habitualmente encuadrados en el sector progresista y dos en el conservador. La elección de sus sustitutos podría modificar el equilibrio del tribunal.

Para la izquierda, impedir que PP y Vox alcancen los tres quintos supone conservar capacidad de negociación. Para la derecha, conseguirlos permitiría impulsar candidatos de orientación jurídica más próxima a sus posiciones sin necesitar el apoyo socialista, dentro del procedimiento legal y entre los aspirantes propuestos por los parlamentos autonómicos.

Lo que está en juego tiene efectos más allá de una legislatura. Los magistrados tienen mandatos de nueve años y el Constitucional resuelve sobre la constitucionalidad de las leyes, protege derechos fundamentales y decide conflictos de competencias entre instituciones.

Sin embargo, influir en su composición no otorga legalmente el control de sus resoluciones. Los magistrados son independientes e inamovibles. Las clasificaciones de progresistas y conservadores describen tendencias jurídicas; las acusaciones de parcialidad deben distinguirse del análisis de sus decisiones.

Tampoco todo el Constitucional depende del Senado: el Congreso propone otros cuatro miembros, el Gobierno dos y el Consejo General del Poder Judicial otros dos. La presidencia la elige el propio tribunal entre sus integrantes.

La disputa por la Cámara Alta reúne así dos objetivos: ganar fuerza parlamentaria y tener capacidad para decidir —o condicionar mediante la negociación— una renovación que puede cambiar el equilibrio del máximo intérprete de la Constitución.