Octubre es el mes en que Canarias empieza a mirar al año siguiente. Los presupuestos, los programas electorales, las agendas institucionales. Y en ese ejercicio de planificación hay una tentación recurrente que la sociedad y las empresas llevanaños combatiendo: la de aplazar lo difícil, posponer lo urgente y llegar a las elecciones con la lista de pendientes intacta.

La energía: el coste que lo contamina todo

Canarias tiene el mejor recurso eólico del Atlántico. Sol prácticamente todos los días del año. Potencial geotérmico incipientemente empezando a explorarse. Y sin embargo, nuestra industria sigue pagando la energía muy por encima de la media peninsular, con una dependencia del 90% de los combustibles fósiles que hace vulnerables a nuestras empresas ante cada tensión geopolítica, ante cada crisis en las rutas marítimas, ante cada subida del barril de petróleo.

Esta primavera lo vivimos otra vez. La tensión en Oriente Próximo disparó los precios del combustible y del flete marítimo hacia Canarias en cuestión de días. Un 15% de incremento en los costes logísticos no es una estadística: es dinero que sale directamente de los márgenes de las empresas canarias, muchas de las cuales no pueden repercutirlo al mercado sin perder competitividad. Y lo que resulta especialmente frustrante es que Canarias tiene los recursos para depender mucho menos del exterior. El problema no es la naturaleza. Es la tramitación.

Los procedimientos de autorización de instalaciones de autoconsumo industrial con energías renovables siguen superando los 24 meses en la mayoría de los casos. Un plazo incompatible con cualquier plan de inversión serio. Mientras eso no cambie, seguiremos hablando de transición energética en los discursos y pagando la factura del fueloil en las empresas. Las empresas llevan tiempo reclamando la agilización real de esos procedimientos, tarifas de acceso diferenciadas que reconozcan el sobrecoste estructural de la industria canaria y una apuesta decidida por el autoconsumo que puede reducir la factura energética entre un 30 y un 60%.

Lo que hace falta no es una gran reforma legislativa.

Es voluntad administrativa y plazos que se cumplan.

 El transporte: la penalización invisible que nadie quiere contabilizar 

Hay un coste que la industria canaria soporta cada día y que raramente aparece en los debates económicos con la relevancia que merece. El transporte marítimo es la única vía de abastecimiento de materias primas y de salida de productos para la inmensa mayoría de nuestras empresas. No hay camión. No hay tren. Solo el barco. Y ese barco cuesta cada vez más.

El Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, el ETS marítimo, ha supuesto un incremento del 40% en los costes logísticos en determinadas rutas. Para una empresa continental, el barco es una opción entre varias. Para una empresa canaria, es la única. Que se aplique el mismo esquema de costes a quien no tiene alternativa que a quien puede elegir es, sencillamente, un error de diseño regulatorio que tiene consecuencias reales sobre el precio de lo que producimos y sobre el precio de lo que pagamos como consumidores.

El Gobierno de Canarias ha trabajado este año para conseguir que Bruselas mantenga la exención del ETS para las rutas con las islas. Pero la batalla no está ganada. La revisión de las directivas sigue en marcha y la presión para equiparar a Canarias con el resto de rutas europeas no ha desaparecido. Canarias debe seguir reclamando que la exención sea permanente, que se fundamente en la especificidad del artículo 349 del Tratado de la UE y que no tenga que renegociarse en cada ciclo legislativo. Una industria no puede construir su modelo de negocio sobre incertidumbres que se renuevan cada cuatro años.

A esto se suma que las compensaciones al transporte de mercancías que el Estado abona a las empresas canarias siguen siendo insuficientes y llegan tarde. Muchas empresas financian de su propio bolsillo durante meses el sobrecoste del flete antes de recibir la compensación. En un entorno de tipos de interés elevados, eso tiene un coste financiero real que nadie computa en ninguna estadística oficial pero que se nota en la cuenta de resultados de cada empresa.

La contratación pública: el mercado que está en manos de las administraciones 

Hay algo que cualquier gobierno puede hacer por la industria canaria sin esperar a Bruselas, sin reformas legislativas complejas y sin presupuestos adicionales. Se llama contratación pública. Lo he dicho y repetido en muchos artíiculos, con ejemplos claros de como puede y debe aplicarse. Las administraciones canarias, el Gobierno autonómico, los Cabildos, los ayuntamientos, gastan miles de millones al año en productos que en muchos casos son elaborados en Canarias, pero no entran en las licitaciones publicas. No lo son porque el precio sigue siendo el criterio de mayor peso en la mayoría de los pliegos. Y en precio, las industrias canarias no pueden competir con los grandes operadores peninsulares o europeos que tienen economías de escala que aquí no alcanzaremos nunca.

La Ley de Contratos del Sector Público permite incorporar criterios sociales y medioambientales en la valoración: el empleo generado en el territorio, la reducción de la huella de carbono, el arraigo empresarial en el archipiélago. Un producto fabricado en Canarias tiene una huella de transporte radicalmente inferior a uno traído en barco desde el continente. Eso tiene un valor ambiental real que hoy no se refleja en ningún pliego de licitación de las administraciones canarias. No es proteccionismo: es racionalidad económica y ambiental.

El Parlamento de Canarias ha aprobado una propuesta que ASINCA ha trasladado en este ámbito. En 2027, se debería ver aplicada en los pliegos reales, no en los documentos de intenciones. Cada euro gastado en un producto elaborado en Canarias es un euro que se queda aquí, que paga un salario aquí, que genera una cotización social aquí. Cuando ese mismo euro se va en un producto importado, no vuelve.

Los envases y la economía circular: una oportunidad que puede convertirse en una trampa

El Reglamento Europeo de Envases y Embalajes, el PPWR, entró en vigor en agosto de 2026 con obligaciones inmediatas para las empresas. Es una norma necesaria. La dirección es correcta. Pero tiene un punto ciego: está diseñado para territorios continentales que tienen mercados de materiales secundarios desarrollados, infraestructuras de reciclaje cercanas y economías de escala que aquí no existen.

En Canarias generamos residuos. Muchos. De plástico, de cartón, de vidrio, de metal. Y disponemos de industrias capaces de valorizar esos residuos, de transformarlos en materias primas para volver a fabricar aquí. Pero hay un problema que parece técnico y es en realidad político: la normativa de residuos, aplicada sin adaptación a la realidad insular, permite o incluso incentiva que esos materiales salgan de las islas hacia plantas de tratamiento en el continente. El resultado es que Canarias exporta sus residuos y sus oportunidades de reciclaje al mismo tiempo, y pierde la masa crítica necesaria para que las plantas locales existentes sean viables, y acaba siendo más dependiente del exterior también en este ámbito.

Se tiene que defender de forma consistente el principio de proximidad: el residuo que se genera en Canarias debe poder transformarse en Canarias, siempre que exista la capacidad industrial para hacerlo. No es una reivindicación nueva. Está recogida en el propio Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Lo que falta es que se aplique con rigor y que la próxima Ley Canaria de Economía Circular, actualmente en tramitación, lo convierta en un principio operativo con consecuencias reales, no en una declaración de intenciones más.

La economía circular sin industria local de valorización es solo un plan de recogida de residuos. Para que el ciclo sea real, los materiales recuperados tienen que poder transformarse aquí. Eso exige suelo, autorización, inversión, y entender de una vez que apoyar a la industria del reciclaje canaria no es defender un sector anticuado sino construir la base de un modelo productivo más sostenible y menos dependiente del exterior.

Una hoja de ruta clara y real

Esas condiciones se resumen en pocas líneas: energía más barata y tramitación más rápida para quien quiera producirla aquí; un transporte marítimo con costes que no penalicen estructuralmente a quien no tiene alternativa; una contratación pública que cuente lo que de verdad cuesta traer un producto desde fuera; y una economía circular que cierre el ciclo en el territorio donde los residuos se generan.

Es hacer una agenda real de medidas, no de intenciones y sobre todo llevar a la practica, no se podran hacer todas las medidas de golpe, pero no por ello, debemos  dejar de aplicar y poner en marcha aquellas que si se pueden llevar a cabo desde el primer momento, con voluntad y decision.

Porque Canarias necesita medidas que generen confianza y crediblidad en la Sociedad y en la clase empresarial para que crezca y se sitúe donde realmente se merece.