El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social alcanzará los 1.034,98 millones de euros, un 23,5% más que en 2026. La dependencia concentrará buena parte del incremento, con una partida de 567,15 millones.

Canarias contará en 2027 con un presupuesto inicial superior a los 1.000 millones de euros para políticas sociales por primera vez en su historia. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias dispondrá de 1.034,98 millones de euros, lo que supone un incremento del 23,5% respecto al ejercicio anterior y 197,24 millones adicionales.

La consejera del área, Candelaria Delgado, presentó las cuentas en el Parlamento de Canarias y destacó que el aumento permitirá reforzar las prestaciones, los servicios públicos y la atención a los colectivos más vulnerables. Según explicó, el objetivo es que el crecimiento económico se traduzca en una mayor cobertura de derechos y en una red de protección social con más capacidad de respuesta.

La evolución presupuestaria también refleja un incremento de los recursos estructurales durante la legislatura. Sin contabilizar los fondos europeos temporales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la financiación de la Consejería ha pasado de 642,51 millones en 2023 a 1.033,98 millones previstos para 2027, un crecimiento del 60,9%.

Uno de los principales ámbitos beneficiados será la atención a la dependencia. La Dirección General correspondiente contará con 567,15 millones de euros, 177,65 millones más que en 2026. Esta cantidad representa un incremento del 120,8% respecto al comienzo de la legislatura. El departamento también destaca los avances administrativos introducidos mediante el procedimiento monofásico, destinado a agilizar la tramitación de las prestaciones.

En materia de protección económica, el área de Servicios Sociales dispondrá de 113,33 millones de euros para la Renta Canaria de Ciudadanía, cuya cuantía acumulada aumentará un 30%. Además, se mantendrá el complemento anual de 400 euros para las personas beneficiarias de pensiones no contributivas, que llegará a unas 43.000 personas mediante el pago de oficio.

Las políticas de Infancia y Familias tendrán una dotación de 125,52 millones de euros, un 20,04% más que el año anterior. Estos recursos se dirigirán, entre otras actuaciones, a la prevención y la intervención sociofamiliar, con el propósito de reforzar la protección de menores y favorecer su permanencia en el entorno familiar cuando sea posible.

Por su parte, la Dirección General de Mayores contará con 20,94 millones de euros para impulsar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada a través de la estrategia Maresía. El Instituto Canario de Igualdad mantendrá una financiación ordinaria de 14,75 millones de euros.

En este último ámbito, las cuentas incorporan una medida para garantizar las ayudas económicas destinadas a mujeres víctimas de violencia machista. Estas prestaciones tendrán la consideración de créditos ampliables, de manera que puedan atenderse todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos sin que la disponibilidad presupuestaria suponga un impedimento.

Delgado también puso en valor la capacidad de ejecución de su departamento, que ha superado el 90%. Durante 2025 se ejecutaron 914,49 millones de euros, una cantidad superior en más de 200 millones al presupuesto inicial de ese ejercicio. Asimismo, hasta octubre de 2026 se habían incorporado más de 390 millones mediante modificaciones presupuestarias.

Pese al incremento de los recursos, la consejera reconoció que todavía quedan retos pendientes, entre ellos reducir los tiempos de espera, mejorar la atención territorial, completar el Espacio de Datos de los Servicios Sociales de Canarias y desarrollar el concierto social.