El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un nuevo decreto ley que introduce cambios en la normativa diseñada tras la erupción volcánica de La Palma de 2021. La modificación de cuatro disposiciones legales busca dar respuesta a las dificultades detectadas durante su aplicación y facilitar la recuperación residencial, económica y agraria de las zonas afectadas.
Entre las principales novedades figura la posibilidad de trasladar a familias que todavía viven en casas prefabricadas a viviendas convencionales, nuevas opciones para reubicar edificaciones y explotaciones agrícolas, compensaciones económicas para determinados propietarios afectados por la ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja y cambios en la transmisión de explotaciones plataneras.
Alternativas para las familias que siguen en casas prefabricadas
En materia de vivienda, el decreto ley permitirá trasladar a las personas que residen actualmente en casas contenedor o de madera a inmuebles convencionales promovidos por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma o los ayuntamientos.
Para acceder a esta posibilidad, las familias deberán mantener los requisitos que justificaron su realojo. La ocupación de estas viviendas seguirá teniendo carácter temporal hasta que se produzca la adjudicación definitiva conforme a la legislación vigente.
La norma también introduce cambios en la segregación de parcelas en suelo rústico. Así, permitirá separar la superficie ocupada por una vivienda ya construida del resto del terreno para facilitar su inscripción independiente en el Registro de la Propiedad.
Compensaciones para propietarios afectados por el Parque Natural de Cumbre Vieja
Otra de las medidas destacadas contempla compensaciones económicas complementarias para los propietarios cuyos terrenos queden incluidos definitivamente en la ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja y que, debido a las restricciones derivadas de esta protección, no puedan reconstruir sus viviendas en las parcelas originales.
La cuantía se calculará teniendo en cuenta el valor de compraventa de terrenos aptos para la reconstrucción dentro de la colada y el uso que tenían los inmuebles antes de la erupción.
Estos propietarios también podrán trasladar las construcciones, instalaciones y actividades que existían antes del volcán a otros terrenos de La Palma, tanto dentro como fuera de la colada. Además, el régimen especial previsto en el Decreto-ley 1/2022 para estos supuestos se amplía hasta el 31 de diciembre de 2030.
Reubicación de negocios y explotaciones agrícolas
El nuevo texto incorpora medidas para los inmuebles industriales, comerciales y turísticos destruidos por la lava. Sus propietarios podrán trasladar las edificaciones a otras parcelas de la isla sobre las que dispongan de derechos suficientes, siempre que cumplan las condiciones establecidas.
En el ámbito agrario, se flexibilizan las posibilidades de reubicación de las explotaciones afectadas por la erupción. La normativa contempla su traslado a otras parcelas situadas dentro de la colada y, bajo determinados requisitos, a terrenos agrícolas de otras zonas de La Palma. La medida incluye también las instalaciones y edificaciones vinculadas a estas actividades.
Asimismo, se regula la transmisión de explotaciones plataneras afectadas por el volcán a otros productores. Los nuevos titulares podrán asumir los derechos y obligaciones de los anteriores propietarios, incluidas las cantidades de referencia de las explotaciones y las ayudas del POSEI.
Para ello, deberán comprometerse a recuperar la actividad agraria en un plazo máximo de dos años y mantener posteriormente las explotaciones en producción durante al menos cinco años. La norma también establece que no podrán acumularse las cantidades de referencia de la finca afectada con las correspondientes a la nueva parcela.
Cambios en la zonificación de las coladas
El decreto ley permite, además, actualizar los anexos territoriales y agrarios para adaptar la zonificación a la evolución de las condiciones de la colada. Esta revisión corresponderá a las consejerías competentes y deberá contar con los informes del Cabildo de La Palma.
Las modificaciones afectarán tanto a las zonas destinadas a la reconstrucción como a las áreas previstas para recuperar la actividad agraria.
En concreto, la nueva regulación modifica el Decreto-ley 15/2021, sobre medidas sociales; el Decreto-ley 1/2022, relativo a la construcción y reconstrucción residencial; la Ley 2/2024, de medidas territoriales y urbanísticas; y la Ley 3/2024, de medidas agrarias. Estas normas forman parte del marco legislativo aprobado para afrontar las consecuencias de la erupción volcánica de 2021.