El parque de vivienda pública en España representa actualmente alrededor del 3,5 % del total, una proporción que sitúa al país entre los que tienen menor oferta de este tipo de inmuebles en Europa. Según el Banco de España, apenas una de cada 65 viviendas es pública, frente a porcentajes mucho más elevados en Países Bajos, Austria o Dinamarca.
El déficit de vivienda social se ha convertido en uno de los principales problemas del mercado inmobiliario español, especialmente por las dificultades de acceso que afrontan los hogares con rentas más bajas. El organismo supervisor considera que ampliar este parque permitiría ofrecer alternativas a quienes destinan una parte elevada de sus ingresos al pago del alquiler y contribuiría a equilibrar el mercado.
La distancia con otros países europeos resulta considerable. La vivienda pública alcanza el 34 % del parque residencial en Países Bajos, el 23,6 % en Austria, el 21,5 % en Dinamarca y el 16,4 % en Reino Unido. El Gobierno español se había fijado como meta elevar su peso hasta el 9 % a medio plazo, en línea con la media europea, y alcanzar el 20 % en un horizonte de dos décadas.
La situación actual contrasta con la registrada durante los años ochenta, cuando la vivienda protegida llegó a representar más del 55 % de la producción residencial. Entre 1984 y 1987 superó incluso el 60 %, con un máximo en 1985: aquel año se finalizaron 114.067 viviendas protegidas, equivalentes al 67,2 % del total, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
La tendencia cambió a partir de finales de esa década. En 1988 comenzó un descenso que llevó la proporción de vivienda protegida al 7,2 % en 2002. Durante esos años, el fuerte crecimiento de la construcción libre redujo su peso relativo: en el periodo de expansión inmobiliaria se terminaron 518.273 viviendas, frente a las 37.544 protegidas.
Aunque hubo una ligera recuperación desde 1993, la producción volvió a retroceder a finales de los noventa. El estallido de la burbuja inmobiliaria agravó posteriormente la caída de la construcción, tanto libre como protegida. El mínimo de viviendas protegidas terminadas se alcanzó en 2017, con 4.938 unidades.
Desde 2019 se aprecia una recuperación progresiva, aunque todavía insuficiente para compensar el déficit acumulado. En 2025 se finalizaron unas 11.000 viviendas protegidas y se iniciaron 15.500, por encima de la media anual de 9.000 unidades registrada entre 2015 y 2024.
El Ministerio de Vivienda prevé que la construcción de este tipo de inmuebles supere las 25.000 unidades durante 2026 si se mantiene el ritmo del primer semestre. Entre enero y junio se iniciaron 11.270 viviendas protegidas, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior. De cumplirse la previsión, sería el mayor volumen de nuevas promociones de los últimos 14 años.
La vivienda se ha situado también en el centro del debate político. Esta semana, el Gobierno logró convalidar en la Diputación Permanente un decreto ley que incluye medidas sobre la actualización de los alquileres y limita la compra de inmuebles por parte de grandes tenedores. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó el viernes que la vivienda «es la primera prioridad para la mayoría de la gente en España».
