El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó este martes en rueda de prensa del traslado de 1.019 menores extranjeros no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a distintas comunidades autónomas. Según explicó, las reubicaciones se han realizado en el marco de los mecanismos de cooperación interterritorial y bajo los criterios de protección del menor que marca la legislación vigente.
Torres calificó el dato como un avance en la gestión compartida del fenómeno migratorio y defendió que el Gobierno central “está cumpliendo” con su compromiso de aliviar la presión sobre los territorios frontera. El ministro insistió en que los traslados cuentan con la colaboración de las comunidades receptoras y con financiación estatal.
No obstante, el anuncio llega en un contexto de tensión política. En Canarias, donde la red de acogida continúa al límite, el Ejecutivo autonómico considera insuficiente el ritmo de derivaciones y reclama un sistema estable, obligatorio y solidario que reparta de forma equitativa la responsabilidad entre todas las comunidades. El balance oficial pone cifras al proceso, pero el debate institucional sigue abierto.
Canarias, al límite de su capacidad
• Centros de acogida saturados y recursos tensionados.
• Llegadas continuadas que impiden recuperar capacidad operativa.
• El Ejecutivo autonómico advierte de riesgo para la atención digna a los menores.
Choque institucional Gobierno–Canarias
• El Gobierno de Canarias exige acelerar traslados y un reparto obligatorio.
• El Estado defiende avances y cooperación voluntaria entre autonomías.
• Canarias reclama financiación estructural y corresponsabilidad real.