El archipiélago mantiene una media de diez derivaciones semanales a otras comunidades autónomas, mientras que los traslados pueden prolongarse hasta mes y medio por los trámites administrativos.
Canarias acoge actualmente a 2.622 menores migrantes, frente a las 782 plazas previstas en su capacidad ordinaria, según los datos facilitados por la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno autonómico, Sandra Rodríguez. En El Hierro, donde el sistema llegó a albergar cerca de 300 niños y adolescentes, permanecen ahora entre 120 y 140.
Rodríguez ha reclamado al Estado un plan de contingencia extraordinario para responder a las necesidades de atención y ha defendido que los menores migrantes reciban un tratamiento específico, diferenciado del conjunto de los flujos migratorios.
La responsable autonómica ha ofrecido estas cifras antes de inaugurar la jornada formativa ‘Cuando las señales hablan’, centrada en la trata de menores con fines de explotación sexual.
Durante el pasado fin de semana, Canarias recibió a 92 menores que llegaron a El Hierro. Los ocupantes de cuatro de las embarcaciones fueron trasladados a Gran Canaria, donde se habilitó durante la madrugada un dispositivo de emergencia para atenderlos, según ha explicado Rodríguez.
El traslado respondió a la falta de medios de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional en El Hierro para completar las reseñas de los migrantes y al incremento de los requisitos derivados del procedimiento establecido por el Pacto Europeo de Migración y Asilo. El domingo, los ocupantes de cuatro cayucos llegados a la isla todavía no habían completado ese trámite, por lo que fueron conducidos a Gran Canaria para su identificación y triaje.
Los menores llegaron a la isla durante la noche del domingo al lunes y posteriormente fueron realojados en recursos más adecuados a sus necesidades, ha señalado la directora general.
En El Hierro, el Ejecutivo canario dispone de plazas para atender las nuevas llegadas y trata de mantener a los menores en la isla durante su primera semana, salvo que concurran circunstancias que hagan necesario un traslado inmediato. Después, son llevados a Tenerife para continuar el procedimiento de derivación a otras comunidades autónomas.
En relación con estos traslados, Rodríguez ha indicado que las derivaciones siguen en marcha, con una media aproximada de diez menores trasladados cada semana desde Canarias a otros territorios.
Una vez recibida la resolución definitiva, el Gobierno autonómico coordina el procedimiento con la comunidad de destino. Si esta no asigna una plaza, se activa la Fiscalía para facilitar que la derivación continúe, según ha detallado.
El proceso, sin embargo, no suele completarse en los 15 días inicialmente previstos. Los trámites administrativos y los recursos y alegaciones presentados por las comunidades receptoras prolongan los plazos hasta aproximadamente un mes o un mes y medio desde la llegada del menor al archipiélago.
Durante este periodo, los niños y adolescentes son informados de sus expedientes y tienen la oportunidad de expresar su opinión. También se les entrevista para determinar si cuentan con familiares en otras comunidades autónomas o en otros países europeos, una circunstancia que puede modificar el destino previsto en función de su interés superior.
Rodríguez ha pedido asimismo a la Unión Europea que refuerce las actuaciones en los países de origen para abordar las causas de la migración. Como ejemplo, ha citado el proyecto Tierra Firme, impulsado por el Gobierno de Canarias en países como Senegal y Mauritania.
La directora general ha insistido en la necesidad de anticiparse a la evolución de las llegadas y garantizar recursos suficientes para los servicios encargados de la acogida, la atención y la identificación de los menores migrantes.