El concejal de Hacienda y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Alberto Díaz-Estébanez, ha acusado al PSOE de mantener una postura contradictoria sobre la financiación del servicio de residuos: exigir desde el Gobierno central que los municipios repercutan su coste y combatir después en la capital tinerfeña la tasa aprobada para cumplir esa obligación.
El responsable municipal ha reaccionado así a la sentencia que anula la modificación de la ordenanza y considera que el cobro debe articularse mediante una prestación patrimonial de carácter público no tributario. La resolución todavía no es firme.
Díaz-Estébanez sostiene que el fallo cuestiona la figura jurídica elegida, pero no rebate el trabajo técnico, la fórmula de cálculo, las bonificaciones o el reparto de las cargas. Desde esa interpretación, rechaza los «vaticinios catastrofistas» de la portavoz socialista, Patricia Hernández, y defiende la labor de los funcionarios municipales.
Su principal advertencia se centra en las consecuencias económicas que atribuye al cambio de modelo. Según explica, trasladar la gestión del cobro a la concesionaria obligaría a repercutir gastos administrativos, personal, notificaciones y el IGIC correspondiente. Todo ello podría elevar, según su estimación, entre un 13% y un 20% las cantidades calculadas.
El edil considera «difícilmente comprensible» que el PSOE santacrucero apoye lo que describe como una privatización de la recaudación, con un mayor coste para el vecino y en beneficio de la empresa. Atribuye esa posición a la voluntad de «meternos en un follón», «complicar las cosas» y «empantanar el ambiente».
Con absoluto respeto a las resoluciones judiciales, señala que el Ayuntamiento estudia las opciones y que su intención inicial es recurrir para defender la gestión pública del cobro mediante tasa. También trasladará la controversia a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación Canaria de Municipios, al entender que afecta al conjunto de los ayuntamientos.