La iniciativa pretende movilizar viviendas privadas vacías o infrautilizadas y ponerlas en el mercado del alquiler a precios asequibles. El contrato tendrá una duración inicial de dos años.

El Gobierno de Canarias ha adjudicado la implantación, puesta en marcha y gestión de la Bolsa de Vivienda en Alquiler Asequible a la empresa Factoría, Gestión y Consultoría S.L. por un importe de 970.000 euros, IGIC incluido. La actuación se canaliza a través de la empresa pública Visocan y tendrá una duración inicial de 24 meses.

La nueva herramienta nace con el objetivo de incorporar al mercado viviendas privadas que actualmente permanecen vacías o infrautilizadas. El Ejecutivo pretende así aumentar la oferta disponible sin depender únicamente de la construcción de nueva vivienda pública, cuyos plazos de ejecución y necesidades de suelo son mayores.

El servicio adjudicado tendrá un alcance amplio. La empresa deberá estudiar progresivamente el parque de viviendas vacías, crear un observatorio específico, localizar inmuebles susceptibles de incorporarse al programa, captar propietarios y preevaluar a las personas interesadas en acceder a un alquiler.

También asumirá la intermediación entre propietarios e inquilinos, la formalización de contratos, la gestión de la documentación y el seguimiento posterior de los arrendamientos. El objetivo es ofrecer acompañamiento durante todo el proceso y reforzar las garantías para ambas partes.

Para detectar viviendas potencialmente disponibles se analizarán datos como el consumo de agua y el padrón, además de otras fuentes administrativas y estadísticas que permitan obtener una radiografía más precisa del parque residencial infrautilizado en Canarias.

El contrato contempla, además, una posible prórroga de otros dos años. En caso de ejecutarse, el valor estimado del servicio ascendería a 1.869.158,88 euros.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Ejecutivo para intentar ampliar el parque de alquiler asequible mediante la movilización de viviendas ya construidas. En fases anteriores del proyecto, el Gobierno había planteado que los alquileres pudieran situarse entre un 20% y un 25% por debajo del precio de mercado, aunque las condiciones concretas de cada incorporación deberán quedar determinadas por el desarrollo del programa.