España ha reclamado este lunes a la Comisión Europea que intensifique las negociaciones para renovar el acuerdo pesquero con Mauritania, cuyo protocolo expira el próximo 15 de noviembre, ante el riesgo de que la flota europea, incluida la española, tenga que abandonar esas aguas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha planteado esta petición a su llegada al Consejo de ministros europeos y ha anunciado que abordará la cuestión tanto públicamente como en privado con el comisario europeo de Pesca, Kostas Cadis.

«Una referencia particular que voy a hacer es la conclusión del acuerdo con Mauritania», ha señalado Planas, quien ha reclamado a la Comisión que «intensifique sus contactos» para tratar de cerrar la renovación antes de que finalice el actual protocolo.

«El comisario lo sabe. He hablado con él en varias ocasiones sobre este acuerdo. No es el único que tenemos en vistas (…), pero me parece clave desde el punto de vista del interés por los recursos y también del interés mauritano por la pesca», ha afirmado.

El ministro ha subrayado que la renovación no es una cuestión que afecte únicamente a España y ha señalado que existe «una mayoría» de Estados miembros interesados en que el protocolo continúe. Entre ellos ha citado a países del Báltico, cuyas flotas faenan en otros segmentos pesqueros.

«Estos acuerdos son muy importantes para nosotros, pero también para los países beneficiarios de los mismos, porque no solo estamos hablando de pesca sostenible, sino también de ayuda financiera y de elementos que son, yo creo, muy importantes», ha indicado Planas.

El protocolo con Mauritania permite a buques de diez Estados miembros, entre ellos España, acceder a sus aguas y contempla capturas de hasta 280.050 toneladas anuales de marisco, especies demersales, atún y pequeños pelágicos.

La patronal pesquera europea Europêche y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), que representa a los pescadores, reclamaron la semana pasada una renovación urgente del acuerdo para evitar la interrupción de la actividad de la flota europea.

Ambas organizaciones han planteado que, si no fuera posible completar las negociaciones antes del 15 de noviembre, se prorrogue durante un año el protocolo vigente para garantizar la continuidad de la actividad pesquera de los buques europeos, entre ellos los de Andalucía, Galicia, Canarias y País Vasco.