El archipiélago afronta el último escalón del calendario de jubilación con casi 173.000 residentes de entre 60 y 64 años. La cotización acumulada determinará quién puede retirarse a los 65

Jubilarse a los 65 años exigirá una trayectoria de cotización más larga a partir del próximo enero. Canarias, como el resto de España, entrará en 2027 en el último tramo del calendario que eleva progresivamente la edad ordinaria de retiro: quienes acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados podrán acceder a la jubilación a los 65; quienes no alcancen ese periodo tendrán como referencia los 67 años, salvo las excepciones previstas legalmente.

El ajuste supone dos cambios respecto a 2026. La edad ordinaria para quienes no reúnen la cotización suficiente aumenta desde los 66 años y diez meses hasta los 67. Al mismo tiempo, el periodo necesario para jubilarse a los 65 pasa de 38 años y tres meses a 38 años y medio. Se completa así la transición aprobada en 2011, cuya aplicación gradual comenzó en 2013.

La modificación coincide con la llegada a las edades próximas al retiro de una generación numerosa en Canarias. El archipiélago cuenta con 172.802 residentes de entre 60 y 64 años, según los datos de julio de 2026 del INE recopilados por Reloj Público. Otros 192.320 tienen entre 55 y 59 años: en conjunto, más de 365.000 personas se encuentran en la franja que se aproximará a la jubilación durante la próxima década.

Estas cifras permiten dimensionar el relevo demográfico, pero no significan que todos deban esperar hasta los 67. El efecto dependerá de los años cotizados por cada trabajador, de cuándo alcance el periodo exigido y de si puede acogerse a alguna modalidad anticipada o a un régimen especial.

El cambio llegará, además, con un sistema de pensiones en expansión en las islas. En octubre, Canarias contabiliza 385.529 pensiones contributivas, un 2,7% más que un año antes. De ellas, 219.493 son de jubilación, con una cuantía media de 1.460,42 euros mensuales. El resto corresponde a incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares.

El número de prestaciones debe distinguirse del de pensionistas, porque una persona puede percibir más de una. La recopilación de Reloj Público sitúa en 357.452 las personas que cobraban pensiones contributivas en septiembre, cuando se abonaron 384.641 prestaciones. Por separado, recoge otros 41.762 perceptores de pensiones no contributivas.

Para los futuros jubilados, la vida laboral acumulada será decisiva. Cumplir 65 años no bastará para acceder a la jubilación ordinaria: será necesario reunir también los 38 años y medio de cotización. Este umbral determina la posibilidad de retirarse a esa edad y debe distinguirse de los requisitos utilizados para calcular el porcentaje de pensión que corresponde.

El cambio no modifica la edad de quienes ya están jubilados. Sus efectos se concentran en el acceso futuro al retiro, manteniéndose las vías de jubilación anticipada y los supuestos especiales, sujetos a sus propias condiciones.

Casi 173.000 residentes próximos al retiro, pero sin una cifra cerrada de afectados

Los 172.802 residentes de entre 60 y 64 años equivalen a una media aproximada de 34.600 personas por año de edad. Es una referencia demográfica, calculada al dividir el grupo entre sus cinco edades, y no una previsión de nuevas pensiones para 2027.

Para estimar cuántos tendrán que retrasar efectivamente su jubilación sería necesario cruzar esa población con sus historiales de cotización. Tampoco puede sumarse íntegramente este grupo a los pensionistas actuales: las futuras altas convivirán con bajas y con situaciones laborales y personales diferentes.

España endurece el retiro: más cotización o esperar hasta los 67

El calendario estatal culminará en enero con mayores exigencias para acceder a la jubilación ordinaria. La reforma aprobada en 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estableció una transición que comenzó en 2013 y termina en 2027: mantener el retiro a los 65 requerirá 38 años y medio cotizados.

La justificación figura en el preámbulo de aquella ley: el aumento de la esperanza de vida obliga al sistema a pagar más pensiones durante más tiempo, mientras la baja natalidad incrementa el peso de los pensionistas respecto a la población activa. El objetivo declarado era reforzar la sostenibilidad financiera y la relación entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones percibidas.

El último escalón supondrá dos meses más de espera respecto a 2026 para quienes no alcancen la cotización suficiente. Para conservar la jubilación ordinaria a los 65, se exigirán tres meses adicionales cotizados. El resultado será una frontera más exigente para quienes lleguen a esa edad con carreras laborales interrumpidas o una incorporación tardía al empleo.