La suspensión cautelar de los efectos electorales de la conocida como ‘ley de nietos’ ha abierto un nuevo choque entre el Gobierno, el PSOE y una parte de la judicatura. Moncloa y Ferraz han elevado este lunes el tono contra la decisión del Tribunal Supremo, con acusaciones especialmente duras hacia determinados jueces.
Desde el entorno gubernamental se habla ya de “lobos solitarios” dentro de la carrera judicial y de magistrados que actuarían como “salvapatrias”, mientras el Ejecutivo sostiene que existe un sector del Poder Judicial empeñado en desgastar políticamente al Gobierno.
La polémica se desató después de que el Supremo suspendiera cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes derivadas de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ‘ley de nietos’. La medida afecta a cientos de miles de nacionalizados y permanecerá vigente mientras se resuelve el fondo del procedimiento.
El Tribunal considera que el fuerte incremento del censo exterior puede suponer un “peligro fundado, real y serio” para la objetividad y transparencia de futuros procesos electorales, aunque la resolución no cuestiona ni anula la nacionalidad española de los afectados.
El Gobierno rechaza esa interpretación y considera que la decisión supone una restricción injustificada del derecho al voto. Desde las filas socialistas se ha llegado a calificar la medida de “salvajada” y “atropello democrático”, intensificando una confrontación institucional que ya venía acumulando episodios durante los últimos meses.
La Junta Electoral Central ha decidido finalmente acatar el mandato del Supremo, aunque lo hizo profundamente dividida, por siete votos frente a seis. Ahora deberán revisarse los expedientes afectados y determinarse qué personas cumplen los requisitos vinculados al exilio establecidos por la normativa.
La controversia convierte así la ‘ley de nietos’ en un nuevo frente político y judicial, con Moncloa y Ferraz enfrentados abiertamente al Supremo y un debate que amenaza con prolongarse hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.