Las asociaciones Barrio de El Toscal de las Tribulaciones y Urban Centro El Perenquén vuelven a los tribunales, de la mano del abogado Felipe Campos, para combatir ahora la ordenanza definitiva de la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife. El nuevo frente se abre justo cuando la norma está a punto de entrar en vigor este martes.
La batalla judicial alrededor de la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife suma un nuevo capítulo.
Las asociaciones Barrio de El Toscal de las Tribulaciones y Urban Centro El Perenquén han decidido recurrir ante la Justicia la ordenanza definitiva que regulará la ZBE de la capital tinerfeña, en un movimiento que llega apenas unos días antes de que la norma entre en vigor.
El recurso vuelve a estar impulsado por el abogado Felipe Campos, que lleva meses manteniendo un pulso jurídico con el Ayuntamiento por distintas decisiones relacionadas con la movilidad y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.
Como ya contó La Gaceta de Canarias, el pasado mes de mayo la Justicia rechazó anteriores recursos relacionados con la tramitación del proyecto de la ZBE y con la contratación de los sistemas tecnológicos necesarios para su puesta en marcha.
Aquellos procedimientos permitieron al Ayuntamiento continuar con el desarrollo del proyecto y supusieron un revés para las asociaciones recurrentes.
Pero la batalla no terminó ahí.
Como ya advirtió en su día Felipe Campos en Radio Marca Tenerife, en conversación con Iván Bonales, la batalla judicial por la Zona de Bajas Emisiones no estaba ni mucho menos cerrada. El abogado dejó entonces claro que, una vez culminada la tramitación, quedaba abierta la posibilidad de acudir de nuevo a los tribunales contra la propia ordenanza definitiva.
Y eso es precisamente lo que ocurre ahora.
El nuevo recurso cambia de objetivo.
Ya no se discuten únicamente actuaciones preparatorias o contratos vinculados a la implantación de la ZBE, sino la propia ordenanza aprobada definitivamente por el Ayuntamiento.
Es decir, la norma que establece las condiciones, restricciones, excepciones y funcionamiento del nuevo espacio de bajas emisiones.
La advertencia realizada entonces en los micrófonos de Radio Marca Tenerife se convierte ahora en un nuevo procedimiento judicial justo a las puertas de la entrada en vigor de la ordenanza este martes.
El momento elegido añade todavía más tensión al conflicto.
La ordenanza entra en vigor este martes y lo hace con un nuevo frente judicial abierto que deberá resolver si la norma se ajusta plenamente a derecho o si existen defectos suficientes para cuestionar su validez.
Las asociaciones sostienen desde hace tiempo que el modelo impulsado por el Ayuntamiento plantea problemas jurídicos y de movilidad y han mantenido una posición frontal contra determinados aspectos de su desarrollo.
El Consistorio, por su parte, ha continuado adelante con el proyecto defendiendo la legalidad de la tramitación y la necesidad de cumplir con las obligaciones vinculadas a las zonas de bajas emisiones.
El pulso, por tanto, entra ahora en una fase diferente.
Felipe Campos perdió las batallas judiciales conocidas en mayo, pero vuelve a la carga contra una pieza mucho más importante: la ordenanza definitiva.
La ZBE echa a andar.
Pero lo hace con los tribunales nuevamente mirando hacia ella.
No es el mismo recurso: ahora se discute la norma definitiva
El nuevo procedimiento no puede confundirse con los recursos anteriores.
Hasta ahora, las impugnaciones conocidas se referían a decisiones concretas adoptadas durante el proceso de implantación de la Zona de Bajas Emisiones, entre ellas el proyecto y la contratación de medios tecnológicos.
Ahora el objeto del recurso es otro.
El Toscal y El Perenquén atacan directamente la ordenanza definitiva, es decir, el texto normativo que regula cómo funcionará la ZBE de Santa Cruz de Tenerife.
La diferencia es importante.
Que los tribunales rechazaran anteriores recursos no significa automáticamente que la ordenanza quede fuera de cualquier control judicial.
Será ahora la Justicia la que tenga que estudiar los argumentos planteados por las asociaciones y decidir si la norma supera todas las garantías legales.
El calendario añade presión.
La ordenanza entra en vigor este martes mientras el nuevo pleito comienza su recorrido.
La ZBE empieza a funcionar, pero la batalla judicial continúa.
