El Ministerio de Vivienda trabaja con el objetivo de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el decreto de vivienda que el Gobierno aspiraba a aprobar el pasado julio, en un contexto marcado por el aumento de la presión de Sumar y la movilización social tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que residía desde hacía siete décadas en su vivienda.

La titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya señaló este jueves que el Ejecutivo trabaja para que la norma pueda aprobarse el martes, aunque advirtió de que será necesario contar con los apoyos parlamentarios suficientes.

El socio minoritario del Gobierno, Sumar, ha elevado en los últimos días la presión para que la aprobación no vuelva a aplazarse. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que el decreto debe aprobarse el martes y ha asegurado que no contempla otro escenario.

«Hay momentos en política que son determinantes y decisivos y que hay que actuar. El Gobierno tiene que estar a la altura», afirmó Bustinduy este viernes en una entrevista en RNE.

Junts reclama un acuerdo entre los partidos

La negociación parlamentaria también se encuentra en el centro de las conversaciones. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reclamado alcanzar un «mínimo común denominador» entre las distintas formaciones para aprobar «lo antes posible» medidas destinadas a afrontar la crisis de vivienda.

Nogueras ha explicado en TV3 que el PSOE les ha trasladado que ve «con buenos ojos» algunas de las propuestas que su formación ya registró en el Congreso y que fueron entregadas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 3 de septiembre.

Entre las medidas planteadas por Junts figuran desgravaciones fiscales vinculadas a los alquileres, la adquisición de vivienda y las cuentas de ahorro, así como la suspensión de determinados desahucios cuando las viviendas sean propiedad de fondos de inversión y la prohibición de que estos fondos adquieran nuevos inmuebles.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha considerado que existe margen para cerrar un acuerdo que permita aprobar el decreto el próximo martes y ha destacado el regreso de Junts a las conversaciones.

«Tenemos que tratar de construir un decreto donde todo el mundo se sienta reflejado», señaló en una entrevista en la Cadena SER, donde afirmó además que el Ejecutivo está dispuesto a negociar las bonificaciones fiscales planteadas por Junts.

Los sindicatos de inquilinos piden cambios en los contratos

Mientras avanzan las negociaciones políticas, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha reclamado al Ministerio de Vivienda que el decreto incorpore medidas para reforzar la protección de los arrendatarios.

La organización propone que los propietarios tengan que acreditar una causa justificada para no renovar un contrato de alquiler y que, en caso contrario, deban indemnizar al inquilino.

Su portavoz, Carme Alcarazo, ha explicado que la organización ha trasladado este viernes al Ministerio su propuesta de «decreto Maricarmen», que incluye cinco medidas que considera estructurales.

Entre ellas plantea reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, prórrogas «efectivas» de los contratos vigentes y la congelación al 0 % de las actualizaciones anuales de las rentas.