Los dispositivos permitían vigilar la actividad diaria de los residentes, entre ellos personas con discapacidad. Los agentes no encontraron documentación que acreditara el consentimiento de los usuarios o sus representantes legales.

La Policía Autonómica de Canarias investiga a la dirección de un centro privado de mayores de Tenerife por un presunto delito contra el derecho a la intimidad, tras detectar la instalación de cámaras de videovigilancia en los dormitorios de los residentes.

Los dispositivos permitían controlar las actividades de la vida diaria que se desarrollaban en estos espacios privados. Entre las personas usuarias del establecimiento se encuentran personas con discapacidad que requieren una especial protección.

Durante la intervención, los agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria comprobaron que la dirección del centro no disponía de documentación que acreditara el consentimiento expreso de los residentes o de sus representantes legales para la instalación de las cámaras. Tampoco constaba el cumplimiento del deber de información sobre la presencia de estos dispositivos.

Estos hechos podrían suponer una vulneración del derecho a la intimidad y ser constitutivos de un delito recogido en el Código Penal.

La investigación se enmarca en el acuerdo de colaboración entre las consejerías del Gobierno de Canarias competentes en materia de Presidencia, Seguridad y Administraciones Públicas y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que contempla la participación de la Policía Autonómica en las labores de inspección de los centros y servicios sociales.

Estas actuaciones tienen como finalidad reforzar la supervisión de los recursos asistenciales del archipiélago, entre ellos los centros residenciales y de día que atienden a personas mayores, dependientes o con discapacidad, con especial atención al respeto de sus derechos y garantías.