El Gobierno ha iniciado la tramitación de la subida del salario mínimo interprofesional para 2027 hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas, 65 euros más que actualmente. El Ejecutivo pretende aprobarla antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, sin un acuerdo cerrado con patronal y sindicatos.

El calendario ha provocado las críticas del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha denunciado el «tinte electoral» de impulsar una nueva actualización antes de los comicios, después de la aprobada en febrero. El dirigente empresarial también ha cuestionado que el Gobierno utilice su capacidad de decisión sobre el salario mínimo en pleno periodo electoral.

El adelanto cambia el calendario seguido en los últimos ejercicios. Las actualizaciones de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 se aprobaron en febrero, con efectos desde enero. Sin embargo, el desacuerdo empresarial no es una novedad: CEOE y Cepyme no respaldan una subida del SMI desde 2020.

La fiscalidad será determinante para conocer cuánto llegará al bolsillo de los trabajadores. En 2026, Hacienda amplió la deducción para rentas bajas hasta 591 euros para garantizar que los perceptores del salario mínimo no soportaran una cuota de IRPF por esos ingresos, en las condiciones previstas.

Para 2027, el Gobierno ha anunciado que mantendrá esa protección, aunque necesita adaptar la normativa al nuevo importe. No está confirmado, por tanto, que los perceptores del SMI vayan a pagar IRPF ni que los impuestos anulen la subida. El incremento anunciado es bruto y su efecto neto dependerá de las cotizaciones, las circunstancias personales y la regulación fiscal definitiva.

Los salarios se acercan por abajo

El mínimo sube, pero los sueldos que están justo por encima pueden quedarse donde estaban. Cuando eso ocurre, se reduce la diferencia salarial entre trabajadores con distinta experiencia, cualificación o responsabilidad.

En términos sencillos, el suelo salarial se acerca a las categorías superiores si estas no mejoran al mismo ritmo. Eso puede dejar remuneraciones cada vez más parecidas, aunque no significa que todos cobren igual ni que desaparezca el salario mínimo.

Además, la actualización no obliga a incrementar todas las nóminas. Las reglas de compensación y absorción permiten que determinados salarios que ya superan el mínimo anual no aumenten por esta revisión, dependiendo del convenio y de su composición.

La cuestión es cuánto mejora realmente el poder adquisitivo y cuánto se estrechan las diferencias entre categorías, mientras la patronal denuncia el «tinte electoral» de adelantar la decisión al periodo previo al 29-N.