Canarias se ha situado entre las comunidades autónomas con mejor evolución en materia de dependencia durante 2026, según el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia. El archipiélago encabeza el incremento de personas beneficiarias con prestación y destaca por la reducción de las listas de espera y de los tiempos de tramitación, consolidando una tendencia de mejora iniciada durante el último año.

Los datos reflejan que la comunidad autónoma ha registrado un aumento del 22% en el número de personas que reciben prestaciones respecto al cierre de 2025, el mayor crecimiento del país. Además, el número de ciudadanos con derecho reconocido a recibir atención se ha incrementado un 9,1%, situando a Canarias entre las regiones con mejores resultados en este indicador.

Otro de los aspectos destacados por el Observatorio es la agilización de los procedimientos administrativos. Durante los primeros meses del año, el tiempo de tramitación se redujo en 95 días, el mayor descenso registrado entre las comunidades autónomas. Paralelamente, la lista de espera experimentó una caída del 20,7%, una de las más significativas a nivel nacional.

La mejora también se aprecia en el tiempo medio de resolución de los nuevos expedientes, que actualmente ronda los 152 días. Aunque la espera media global continúa situándose en 335 días, todavía por encima de la media estatal de 320 y lejos del límite legal de 180 días, este indicador sigue condicionado por expedientes antiguos y especialmente complejos que permanecen pendientes de resolución.

El informe señala además que el número total de personas pendientes de atención continúa disminuyendo de forma progresiva. En este sentido, recuerda que el procedimiento de dependencia está compuesto por distintas fases administrativas y que una parte importante de quienes permanecen en situación de espera lo hacen por circunstancias ajenas a la Administración, tal y como recoge el propio Imserso.

Para consolidar estos avances, el Gobierno de Canarias ha impulsado diversas medidas orientadas a garantizar que el reconocimiento de derechos se traduzca de forma más rápida en servicios y apoyos efectivos. Entre ellas destaca la puesta en marcha, desde el pasado 1 de mayo, de un nuevo modelo público territorializado de ayuda a domicilio especializada, diseñado para reforzar la atención en el hogar de las personas dependientes.

Esta prestación permite adaptar los apoyos a las necesidades específicas de cada usuario, amplía la capacidad asistencial en todas las islas y contribuye a reducir la presión sobre otros recursos del sistema, especialmente los centros residenciales. Además, facilita que muchas personas puedan continuar desarrollando su vida en su entorno habitual.

A esta iniciativa se suma la implantación de un servicio de teleasistencia avanzada que incorpora nuevas herramientas tecnológicas, como sensores inteligentes, dispositivos de monitorización y sistemas de detección de situaciones de riesgo. El objetivo es mejorar la autonomía y la seguridad de las personas dependientes, al tiempo que se refuerza la capacidad de respuesta de los servicios públicos.

Las actuaciones desarrolladas se completan con una reciente reforma normativa destinada a ampliar las prestaciones disponibles, regular la asistencia personal y flexibilizar el régimen de compatibilidades entre ayudas. Entre otras medidas, se ha impulsado la formación de cerca de 400 profesionales acreditados para prestar asistencia personal y se han actualizado las cuantías máximas de determinadas prestaciones.

El informe también recoge una evolución favorable en uno de los indicadores más sensibles del sistema: los fallecimientos de personas pendientes de atención. Tras registrarse alrededor de 6.700 casos en 2022 y unos 6.500 en 2023, la cifra descendió hasta 2.489 en 2024 y 2.202 en 2025.

Durante los cinco primeros meses de 2026 se contabilizaron 360 fallecimientos. De mantenerse esta tendencia durante el resto del año, el dato anual se situaría en torno a las 864 personas, una reducción que los responsables del sistema vinculan a la disminución de los tiempos de acceso a servicios y prestaciones.

El Observatorio concluye que Canarias ha dejado atrás las posiciones más rezagadas en la evolución del sistema de dependencia y afronta ahora el reto de consolidar los avances alcanzados, reduciendo aún más los tiempos de espera y garantizando que cada derecho reconocido se convierta en una atención efectiva para quienes la necesitan.