Cada vez que se aproxima una cita con las urnas, reaparece la misma conversación: qué medidas aprobará el Gobierno, a quién beneficiarán y cuántos votos puede haber detrás de cada anuncio. Como si existiera una tabla de conversión entre euros y papeletas que los responsables de cada Hacienda, estatal, autonómica o local, guardaran en algún cajón.
Pensiones, salarios, funcionarios. Estos días, buena parte de las crónicas y las tertulias gira alrededor de lo que Pedro Sánchez pueda sacar adelante antes del 29 de noviembre. Las miradas se dirigen hacia los pensionistas, los empleados públicos y los trabajadores que cobran el salario mínimo. Colectivos numerosos, aunque bastante menos homogéneos de lo que sugiere esa costumbre de tratarlos como bolsas de votos a disposición del mejor postor. En estas decisiones se mezclan dos propósitos. Uno, bastante evidente, consiste en mejorar la disposición de sus beneficiarios hacia quien gobierna. El otro tiene mayor recorrido político: presentar un modelo de sociedad, una idea de cómo debe distribuirse la riqueza y qué obligaciones corresponden al Estado en esa tarea colectiva. El PSOE intenta situar ahí una parte de la discusión electoral porque considera que ese terreno le favorece y porque sabe cuánto incomoda ese relato al Partido Popular.
Las pensiones son un buen ejemplo. Basta una explicación inoportuna para que el debate deje de girar sobre la sostenibilidad del sistema y se convierta en una sospecha sobre las intenciones de este o aquel. Con el salario mínimo ocurre algo parecido: al PP le cuesta acompañar las subidas sin reservas, pero tampoco le resulta sencillo explicar esas reservas a quienes las cobran. Con los funcionarios, la prudencia es todavía mayor. Nadie quiere enfrentarse en campaña a un colectivo con capacidad demostrada para hacerse escuchar. Otra cosa es que todos esos empleados públicos vayan a recordar una mejora salarial cuando estén delante de la urna. Ahí empiezan algunas dudas razonables. Porque además es un error sobrevalorar la eficacia electoral del gastopúblico. Entre recibir un beneficio y sentirse políticamente agradecido hay una distancia considerable. El pensionista puede entender que la revalorización anual acorde al IPC le corresponde. El funcionario, que lleva tiempo esperando una compensación justa. El trabajador que cobra el mínimo, que bastante tiene con llegar a final de mes. Ninguno está obligado a considerar un favor lo que percibe como un derecho. Al otro lado quedan quienes no se ven incluidos en el reparto. Esos suelen prestar mucha atención. Sobre todo,si sospechan que la generosidad tiene fecha electoral y se financia con sus impuestos. Tengo la impresión de que somos más susceptibles cuando nos reconocemos como contribuyentes que cuando lo hacemos como beneficiarios del conjunto de servicios públicos. Lo que pagamos lleva nuestro nombre; lo que recibimos parece formar parte del paisaje. Por eso el gasto, sin una explicación política que lo sostenga, puede acabar siendo un instrumento electoral tan caro como ineficaz. Hace falta que la medida encaje en algo que el ciudadano reconozca: una trayectoria, unas prioridades, una idea de país. Si esa conexión no existe, el Gobierno corre el riesgo de encontrarse con la indiferencia de quienes cobran y el enfado de quienes pagan. Mal negocio desde el punto de vista electoral.
El “modo canario” ahora es intervencionista. En Canarias también tenemos anuncios de gobierno que conviene leer con el calendario a la vista. Coalición Canaria busca consolidar su representación por Santa Cruz de Tenerife y conquistar un escaño por Las Palmas junto a sus nuevos aliados de Primero Canarias. Y la vivienda, que atraviesa casi cualquier conversación sobre el presente de las Islas, ofrece un terreno de enorme interés electoral. El Ejecutivo de CC y PP ha planteado restricciones a la compra de inmuebles que pretende impulsar a través del Estado y de las instituciones europeas. Entre las condiciones recogidas en los borradores figuran periodos de residencia previa y un máximo de dos viviendas por persona física. Estamos hablando de propuestas pendientes de aprobación que, como suele ser habitual con los nacionalistas canarios, dependen de decisiones en otros escalones superiores del sistema político.Sea como fuere, podríamos estar ante un primer esbozo de aquello que durante años se ha llamado, con notable elasticidad, una ley de residencia. Hasta ahora, la expresión servía para reunir preocupaciones sobre población, territorio y acceso a la vivienda sin precisar jamás qué se proponía hacer. Es bueno que haya aparecido algo de concreción, más allá de si se está de acuerdo con tales medidas.
Llama la atención el entusiasmo intervencionista de un Gobierno que suele invocar la libertad de mercado cuando, por ejemplo, se le pregunta por la declaración de zonas tensionadas para limitar el incremento de los precios del alquiler de viviendas en nuestras grandes ciudades. Limitar quién puede comprar una vivienda y cuántas puede adquirir supone intervenir de manera muy directa en el mercado inmobiliario. La concentración de patrimonio residencial plantea problemas que merecen discusión, y las singularidades del territorio canario justifican examinar respuestas específicas. Pero el mismo criterio podría aplicarse a las medidas sobre el alquiler. También ahí corresponde estudiar resultados, inconvenientes y condiciones de aplicación, y más aún en el caso del alquiler, ámbito en el que ya conocemos el resultado de la experiencia (Cataluña, el caso más claro en España), con sus luces (congelación de precios) y sombras (reducción de la oferta disponible). De momento, anoto el dilema filosófico de CC: liberalismo para unas cosas, intervencionismo para otras. Que alguien nos explique el criterio.